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Por medio de un comunicado difundido este miércoles 6 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación informó que le solicitó al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, 'claridad en la remisión de información relacionada con el pago de los presupuestos máximos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al entregar reportes para la vigencia 2021'.

{"titulo":"'Se ordena que el caso siga congelado': juez en EE. UU. sobre Mancuso","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/juez-en-estados-unidos-ordeno-mantener-el-caso-de-salvatore-mancuso-congelado-1030957"}

Señala el Ministerio Público que actualmente realiza un seguimiento constante al flujo de recursos en el sistema de salud y por eso el pedido sobre la claridad en la información del pago de los presupuestos máximos del segundo semestre de 2023 y el pago de los ajustes del año 2022 y 2023.

Agrega el ente que a la fecha las EPS no han recibido el pago para los meses de julio, agosto y septiembre, 'pese a que es obligación que estos giros deben ser realizados con anterioridad y en los términos establecidos por la ley'.

Además, en el escrito la PGN también advierte sobre la obligación legal de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, sobre reunirse al menos cuatro veces al año, que tiene que ver con la Resolución 4363 de 2012, y que tiene como objetivo aprobar la cancelación de los recursos. Alerta que dicha comisión solo se ha reunido en una ocasión.

{"titulo":"Fiscalía investigará tráfico de 'fuentes humanas' en la Sijín de Bogotá","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-investigara-trafico-de-fuentes-humanas-en-la-sijin-de-bogota-1030921"}

También se le solicitó al ministro Jaramillo el cronograma y los temas tratados en las mesas técnicas realizadas con Compensar, Sura y Sanitas, 'con el fin de efectuar el seguimiento y control a las mismas'.

Finalmente, el ente de control reiteró el llamado al Ministerio para que tome medidas para que las entidades promotoras puedan garantizar la prestación de servicios a más de 50 millones de colombianos.