Internacionalistas consultados por EL HERALDO parecen coincidir en señalar lo inapropiado y preocupante que resultó para la comunidad internacional el anuncio de investigaciones por parte de Guatemala contra exfuncionarios de la ONU que investigaron de forma reciente la corrupción en ese país, como el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Pero también advierten que la respuesta de Colombia ha debido tramitarse en términos más diplomáticos.
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Todo empezó cuando la Fiscalía de Guatemala aseguró el pasado lunes que emprendería acciones legales contra Velásquez por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), de la que hizo parte de 2013 a 2019 y que develó graves escándalos de corrupción de altas esferas de poder en ese país.
El señalamiento lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de Odebrecht, por el cual fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig.
Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruchiche anómalos, con dos directivos de la constructora en 2017.
En respuesta, el ministro aseguró ese mismo lunes que tenía 'la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal'.
Esto derivó en el llamado a consultas del embajador de Colombia en Guatemala y, en represalia, de la embajadora de Guatemala en Colombia.
Posteriormente, el martes el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó a la cordura al presidente Gustavo Petro y aseveró: 'Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político'.
El miércoles Petro le contestó a Giammattei: 'Nuestro ministro de Defensa y el presidente se respetan, no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad'.
Entre tanto, EE. UU. arremetió contra las autoridades guatemaltecas. 'Tales acciones debilitan la confianza en el sistema de justicia de Guatemala', criticó el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
Además, Curruchiche fue sancionado a mediados del año pasado por el secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, porque 'obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción'.
Y Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad y advirtió que están llevando a cabo un 'enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción'.
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'Debe haber más calma y razón'
Ricardo Abello, magíster en derecho internacional y relaciones internacionales, opina que 'lo primero es que el ministro de Defensa hizo fue un trabajo para Naciones Unidas y en ese sentido él goza de privilegios e inmunidades por toda esa labor desempeñada. Él en su lucha contra la corrupción se metió con gente muy poderosa dentro del pais, que realizaban actos de corrupción según las investigaciones que él había adelantado, y en ese orden de ideas pues hubo mucha molestia por parte de esas personas porque fue una lucha muy fuerte y se metió inclusive con presidentes y sus familias. En ese orden de ideas hay ese ánimo hoy en día de venganza, diría yo, en el que de forma arbitraria están violando los procedimientos respectivos en la medida en que había un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco, y esos privilegios deben ser respetados'.
Explica en este sentido que 'existen dos formas en que se pueden levantar esos privilegios y la primera es que la persona renuncie y la segunda que se le pida a quien otorgó esos privilegios que los levante, entonces es un procedimiento equivocado porque no se trata de que haya una circular contra el ministro de Defensa, sino que Guatemala si piensa que hay delitos lo que debe es pedirle a la ONU que levante esas inmunidades, pero como saben que no lo van a hacer prefieren armar todo este escándalo'.
Y acerca del intercambio de epítetos entre ambos presidentes considera que 'no favorece a nadie, y en ese sentido debe haber una posición más calmada y razonada, pero sin lugar a dudas lo que pasa es que las autoridades guatemaltecas están actuando en contra del derecho y del debido proceso'.
'Ambos han sido torpes'
El latinoamericanista Miguel Gomis, doctor en ciencia política y relaciones internacionales, considera que el anuncio de Guatemala 'fue sorprendente en el sentido de que Iván Velásquez estaba en un marco institucional que había sido aceptado por el propio estado guatemalteco, aunque es evidente que Guatemala en los dos últimos años ha tenido una política judicial que por muchas personas ha sido categorizada como preocupante porque hay una desinstitucionalización y también una persecución frente a las personas que trabajaron en la Cicig y contra la corrupción'.
Sobre el papel del ministro de Defensa en el país centroamericano recordó que 'el hecho de que se diga que se le va a investigar me parece preocupante porque efectivamente Velásquez tuvo problemas allá, estuvo sometido a muchas críticas, polémicas internas, porque la Cicig en Guatemala fue muy polémica y también tuvo mucho apoyo en cierta parte de la población, porque era vista como una última boya de supervivencia en un contexto de corrupción'.
Y frente a la discusión entre Petro y Giammattei plantea que 'es evidente que las bravuconadas que ha tenido Giammattei tienen una función en lo interno en términos políticos para desviar la atención de otras problemáticas, pero tanto ambos han sido bastante torpes en sus repuestas demasiado viscerales y creo que debe restablecerse un vínculo mas diplomático, pero también Petro ha dicho cosas que muchas personas piensan'.
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'Los gobiernos en Guatemala han sido corruptos desde 2017'
El doctor en derecho y magíster en derecho internacional, Enrique Prieto, advierte que 'aquí lo primero es decir que claramente toda esta situación ha generado un encuentro de tipo diplomático entre los dos países y entre dos presidentes que suelen ser radicales con algunas posiciones, y es desafortunado porque hay buenas relaciones diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia'.
No obstante, resalta que 'lo importante es decir que cuando Naciones Unidas acuerda con el gobierno de Guatemala que se va a crear esta comisión esos dos países acuerdan en el artículo 10 explícitamente que ‘todos los comisionados que hacen parte del Cicig gozarán de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgadas a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas’, y Guatemala es parte de ese otro tratado que es la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en 1991, y de acuerdo con esos acuerdos Iván Velásquez está protegido para no ser investigado por ninguno de esos hechos que una autoridad le puede imputar en el marco de su labor como comisionado de la Cicig. Entonces por más de que investigue no va a poder solicitar una orden de Interpol o una extradición. Es distinto a lo que sucedió con la investigación de Ecuador contra Juan Manuel Santos, que fue el primer ministro de Defensa investigado por un país extranjero, que en ese caso era distinto porque la inmunidad que se le dio a Santos fue porque fue elegido presidente y los jefes de Estado tienen inmunidades'.
Y en torno a los señalamientos de los Estados Unidos y la ONU contra el poder judicial de Guatemala, Prieto cita una investigación de la guatemalteca Mónica Mazariegos, doctora en DD. HH., que señala que 'los gobiernos en Guatemala a partir de 2017 han estado cooptados por estas bandas criminales dedicadas a la corrupción, porque además conozco varios fiscales y jueces exiliados de Guatemala por investigar a altos funcionarios públicos, y actualmente hay una persecución adelantada desde altas esferas del poder público a esos funcionarios que en su momento adelantaron esas investigaciones, y lo de Velásquez hace parte de esa campaña sistemática'.
