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Una treintena de organizaciones de Derechos Humanos y una veintena de congresistas del Pacto Histórico pidieron en un comunicado que 'se otorgue la libertad inmediata de las personas designadas como voceras de paz por el presidente de la República y pedimos se designen nuevos voceros y voceras de paz'.

{"titulo":"'Jueza no tenía competencia para dictar libertad a miembros de primera línea'","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/miembros-de-la-primera-linea-procurador-delegado-habla-de-la-liberacion-de-los-jovenes"}

Señalan que desde octubre las organizaciones y colectivos de abogados entregaron al presidente Gustavo Petro un censo de 201 personas privadas de la libertad 'en contextos de ejercicio de la protesta social', en el que 'se aportaron perfiles, historias de vida, certificaciones de liderazgo o de pertenencia al movimiento social o de Derechos Humanos y las piezas procesales que acreditan la judicialización de estas personas por hechos relacionados con la protesta social'.

Por ello, manifestaron, 'rechazamos la demora y la excesiva ritualidad que la mencionada Comisión Intersectorial ha impartido a los trámites de verificación de listados entregados'.

Así mismo, pidieron a la Procuraduría que 'ejerza sus funciones sin obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar'.

{"titulo":"Petro publica foto en libertad de miembro de la ‘primera línea’","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/presidente-gustavo-petro-publica-foto-en-libertad-de-miembro-de-la-primera-linea-965569"}

Advierten en el documento que 'con ocasión de las protestas desarrolladas en el marco del paro nacional, alrededor de 300 personas fueron perseguidas por la Fiscalía General de la Nación, teniendo un reporte de 291 personas judicializadas, de las cuales 195 fueron privadas de la libertad en procedimientos policiales y penales donde han sido evidentes las violaciones a Derechos Humanos y las irregularidades desde el mismo momento de las capturas'.

Ponen de presente que la Oficina en Colombia de la Alta Comisonada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 'ha reconocido la utilización de tipos penales como terrorismo, concierto para delinquir con fines terroristas, secuestro y otros graves delitos que han generado imputaciones infladas que revelan la utilización del sistema penal para criminalizar la protesta y crear una matriz de opinión negativa según la cual, los y las jóvenes manifestantes aparecen como peligrosos delincuentes o integrantes de grupos armados'.

Y concluyen que la privación de la libertad de personas 'que ejercían su derecho a protestar, corresponde a razones netamente políticas'.