La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del Canal del Dique, adoptar protocolos técnicos encaminados 'a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua'.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) señaló que la medida se toma en el curso del trámite de unas medidas cautelares sobre el Dique; lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (Grai), habrían ocurrido, aproximadamente, 'unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015'.
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'La SAR negó la solicitud de suspender el proceso de licitación del proyecto ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ elevada por el colectivo de víctimas ‘La Ruta del Cimarronaje’. En concepto de la Sección, este tipo de solicitudes corresponden, en principio y por competencia a los jueces administrativos, y solo de manera excepcionalísima a la JEP', destacó la jurisdicción en su cuenta de Twitter.
La SAR considera importante responder a la preocupación por el riesgo 'que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal'.
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Por ello, el pasado 14 de julio convocó a una audiencia pública, a celebrarse los días 21 y 22 de octubre de 2022 en Cartagena, con miras a escuchar a las comunidades afectadas, a los expertos, y a las autoridades públicas competentes, con el fin de evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos en medio del proceso de licitación de esta obra de infraestructura.
