La Defensoría del Pueblo emitió este miércoles un documento en el que pone de manifiesto los riesgos por la incidencia de grupos armados ilegales de cara a las elecciones del próximo domingo 19 de junio, y en el que se encuentran 6 departamentos y 69 municipios de la Costa Caribe.
De acuerdo con la entidad, la alerta se da con base en el último Informe de Seguimiento que realizó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría y en el que se reitera que 290 municipios en todo el país están en riesgo alto y extremo.
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Es así como el organismo expone que hay riesgo extremo están 84 municipios de los departamentos de Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).
Mientras que en riesgo alto se encuentran 206 municipios: Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.
{"titulo":"Hay pretensiones de hacer actos de violencia después de elecciones: Policía","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/hay-pretensiones-de-hacer-actos-de-violencia-despues-de-elecciones-policia-916265"}
'Para estas elecciones y con los escenarios de riesgo advertidos, desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones. También pedimos que se generen las condiciones de seguridad para la participación ciudadana en los comicios electorales', aseguró el defensor Carlos Camargo.
En el informe de la Defensoría del Pueblo también se recomienda activar mecanismos de investigación y verificación por denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y campañas electorales, y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre en zonas rurales. Además, vigilar y monitorear el normal desarrollo de las elecciones para que se garantice la libre participación.
