El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Camilo Gómez Alzate, presentó este martes el reporte de litigiosidad del país durante el año pasado.
Indicó en este sentido que en 2021 hubo 309.234 demandas judiciales contra la Nación por $433 billones, y en los que la Nación es demandante se cuentan 31.748 procesos por $17,1 billones.
En cuanto a arbitrajes hay 69 procesos por $4,3 billones y existen 13 controversias internacionales de inversión por $11,3 billones.
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Entre tanto, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay 806 demandas y hay 1.940 procesos interadministrativos por $5,6 billones.
Afirmó Gómez que la tasa de éxito en 2021 fue del 83%.
En cuanto a ahorros, señaló el director que en defensa internacional hubo un ahorro de más de $12 billones y una recuperación de 5 millones de dólares, incluyendo la demanda de Gas Natural por el caso Electricaribe, en la que hubo un fallo a favor por $1.310 millones de dólares.
Por departamentos, Bogotá está en el primer lugar con 59.027 procesos por $24 billones, Atlántico en el cuarto con 16.238 procesos por $9,2 billones, Bolívar en el séptimo 11.558 demandas por $33,2 billones y Magdalena en el noveno con 7.840 procesos por $7,6 billones.
{"titulo":"Andje advierte sanciones por dañar monumentos","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/andje-advierte-sanciones-por-danar-monumentos-851641"}
Pero Sucre es el segundo en cuanto al monto de las pretensiones, porque aunque tiene 5.503 demandas estas suman $61,5 billones.
Esto se explica porque la demanda más costosa del país en este momento es por $32 billones e involucra a la Secretaría de Tránsito de Sampués, Sucre, que señalan que siguió funcionando tras su supresión, en la que se pide la reparación de los perjuicios causados a un grupo por indebida actuación administrativa, y las entidades demandadas son la Policía, la Procuraduría, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
Además, la segunda demanda más costosa en Colombia es en contra de la ANH, Ecopetrol, Ministerio de Minas, Anla y Oleoducto Central, por un derrame de crudo en Coveñas, también en Sucre, y en la que se pide una reparación de los perjuicios causados a un grupo por $20,4 billones por daño o amenaza ambiental.
Y la tercera argumenta que no se garantizó la energía eléctrica pese al pago del cargo por confiabilidad y pide una reparación de $16,5 billones, demandando a la CREG, el Ministerio de Minas, la Superservicios, Gecelca y Gensa.
