Transparencia por Colombia informó que Colombia cayó del puesto 90 al 96, en un listado de 180 países, en materia de transparencia, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, IPC.
'Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú. Y se ubica por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México', se lee en el comunicado del organismo afiliado a Transparencia Internacional.
Agrega la información que en Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela (puesto 169) y Haití con 18 y 22 puntos.
Por lo anterior, Transparencia por Colombia cifra en tres asuntos los caminos que el país debe emprender, con la llegada del próximo presidente, para bajar los índices de corrupción.
Lo primero es transformar el sistema político y el ejercicio del poder:
Lo otro es 'recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas'. Frente a este punto, indica la entidad que la debilidad en la justicia es una de las piezas claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país. 'Esto explica la impunidad frente a los hechos de corrupción, así como el cinismo de los corruptos que, al no ser
Condenados, ingresan constantemente a la esfera pública con el halo de la inocencia'.
Por ello, considera Transparencia 'urgente' recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas, a lo cual se llega tras garantizar la meritocracia en la nominación y en la elección de quienes imparten justicia, fortalecer las capacidades de investigación y sanción de los actores judiciales y órganos de control a nivel nacional y territorial, fortalecer los mecanismos de regulación y control de la Rama Ejecutiva como las Superintendencias y sistemas de control interno y fortalecer los sistemas de denuncia y protección a denunciantes y testigos de corrupción.
Y finalmente, señala, hay que romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación: 'La Administración Pública ha sido tratada con descuido y mero interés clientelar; ya sea para tranzar votos por burocracia o para capturar los dineros públicos y ponerlos al servicio de rentas personales o de intereses particulares'.
Por lo que se requiere, agrega, una carrera de empleo público donde el mérito sea una realidad y el político de turno no tenga la oportunidad de abusar de las incertidumbres de la función pública, fortalecer los sistemas de regulación y control de la contratación pública, para evitar que los financiadores de campañas políticas sean quienes ejecutan los recursos públicos; y fortalecer la autonomía y las capacidades de los entes territoriales para garantizar que los recursos públicos no caerán en manos de los corruptos.
