El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de Valledupar una demanda presentada por la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito.
{"titulo":"Capturaron a 8 presuntos integrantes del Clan del Golfo en El Paso, Cesar","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/capturaron-8-presuntos-integrantes-del-clan-del-golfo-en-el-paso-cesar-1031577"}
La decisión del máximo tribunal le da la razón al municipio en el proceso que se inició para dar por terminado, de manera unilateral, el contrato de concesión, teniendo en cuenta los incumplimientos en la ejecución de las inversiones.
La concesión fue creada en 2005 por el entonces alcalde Ciro Pupo, para que administrara los ingresos por concepto de multas y ejecutara unas inversiones para la modernización tecnológica y la reingeniería de la Secretaria de Tránsito de Valledupar.
{"titulo":"Candidatos del Cesar firmaron pacto por la buena política","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/candidatos-del-cesar-firmaron-pacto-por-la-buena-politica-1031509"}
Dicho contrato contemplaba la repotenciación, modernización y expansión del sistema de semaforización de la ciudad, lo mismo que la implementación de un sistema de control de tráfico.
Sin embargo, los informes de interventoría señalaban que pese a los ingresos por $42 mil millones, la concesión solo invirtió cerca de $7 mil millones. Además, se encontraron unos gastos sustuosos de funcionamiento.
Ante esta situación y en cumplimiento de una promesa de campaña, en 2012 el alcalde de ese momento, Fredys Socarras, expidió una resolución que decretaba la caducidad del contrato.
{"titulo":"Destacan mural en honor al ‘Pibe’ Valderrama que pintaron en Valledupar","enlace":"https://www.elheraldo.co/deportes/destacan-mural-en-honor-al-pibe-valderrama-que-pintaron-en-valledupar-cesar-1031337"}
A partir de ese momento, la concesión inició una pelea jurídica con el municipio para revocar la resolución y obligarlo a pagar $12.500 millones como compensación por la caducidad.
Dentro de su gestión, Socarras contrató un peritazgo con la Universidad de Medellín y una asesoría jurídica para enfrentar la demanda contra el municipio.
Socarras explicó que dentro del litigio se logró demostrar que se cumplió el debido proceso y que la concesión era lesiva para el municipio.
