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Procuraduría inicia acciones ante proceso para contratar socio en Emdupar

El Ministerio Público pidió al alcalde Mello Castro, y a la gerente de la empresa Soledad Manjarrez, aclarar posibles irregularidades en la invitación pública. 

La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, quien funge también como presidente de la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos, Emdupar, y a su gerente, Soledad Manjarrez Hinojosa, aclarar la información sobre posibles irregularidades en la invitación pública para entregar a un tercero la gerencia y operación de esa entidad. 

La decisión de conceder la administración de dicha empresa a un aliado estratégico fue tomada por las directivas de la empresa, a raíz del alto nivel de endeudamiento que presenta y la incapacidad del municipio para continuar al frente de su gestión. 

Frente a este proceso, la Procuraduría Provincial de Valledupar inició acciones preventivas, como defensor de los intereses de la ciudadanía en general, de cara a la contratación de un aliado estratégico “que asumiría por su cuenta y riesgo, las actividades de financiación, diseño, optimización, rehabilitación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio”, según se indica en la invitación pública. 

El Ministerio Público conoció su preocupación por la decisión del inicio un proceso de contractual por un valor indeterminado y por un plazo de 25 años, pues es posible salvaguardar la entidad con disposiciones distintas y evitar que, a futuro, se generen despidos masivos, como quiera no es que la empresa sea inviable, sino que presenta problemas serios de iliquidez. 

La Procuraduría Provincial, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública, pidió a la gerencia y a la junta directiva de la empresa de servicios públicos ampliar los plazos estipulados para la participación en la invitación, teniendo en cuenta la complejidad de este, y suspenderlo por un periodo mínimo de quince días hábiles, para evaluar las diferentes problemáticas que enmarcan dicha decisión para el interés del patrimonio público. 

Actualmente el proceso se encuentra suspendido en términos de los pliegos de condiciones, tras ser sometido a revisiones y consultas por parte de la administración, anunciando que los pliegos definitivos se reabrirán este 26 de noviembre. 

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