Condenan a dos exalcaldes (e) de Becerril por peculado
La Fiscalía demostró un detrimento por más de $3 mil millones en un proyecto de vivienda en ese municipio del Cesar.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a 79 meses de prisión a dos exalcaldes encargados del municipio de Becerril, centro del Cesar, al hallarlos responsables de los delitos de peculado por apropiación agravado, y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en un proyecto de vivienda de interés social, en el que la Fiscalía pudo demostrar un detrimento superior a los 3 mil millones de pesos.
Se trata de los exmandatarios Soraya Cristina Pinto Borrego y Gregorio Ignacio García Cárcamos, quienes fungieron como alcaldes en encargo entre diciembre de 2010 y agosto de 2011; además de la pena privativa de la libertad deberán pagar una multa por 1.908 millones de pesos.
Por estos hechos, también fueron sentenciados a prisión la contratista Edna María Henríquez Arellanos, representante de la unión temporal quien tenía la responsabilidad del desarrollo administrativo del proyecto y Sergio Rafael Acosta Díaz a título de intervinientes, al igual que Darlyn Bueno Contreras, hermana de la alcaldesa titular Yancy Bueno Contreras, también implicada en delitos contra la administración pública. Estas personas fueron condenadas a 60.84 meses de cárcel y al pago de una multa de 1.431 millones de pesos.
La investigación
En diciembre de 2010 Pinto Borrego, como alcaldesa (e) de la localidad, celebró un acuerdo con la unión temporal con el objeto de construir 180 viviendas de interés social tipo 1. El municipio aportaría 3 mil millones de pesos y concedería subsidio a 100 familias por 25 millones 353 mil 728 millones pesos.
La Fiscalía pudo establecer que en abril del 2011 Gregorio García Cárcamo, como alcalde (e) de Becerril modificó parcialmente el acuerdo suscrito por Pinto Borrego y dispuso que el terreno ofrecido en donación fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción.
El ente acusador demostró que en agosto del 2011 García Cárcamo adicionó al proyecto 180 millones 460 mil pesos con el pretexto de adelantar obras urbanísticas, alcanzando la cuantía de los 3 mil180 millones 460 mil pesos.
Según la Fiscalía, el cambio de terreno tuvo como aspecto defraudador el que la compra del segundo lote propuesto para el proyecto se adelantó con un representante de la unión temporal por 210 millones de pesos. El dinero de la compra fue aportado por el municipio, lo que muestra que el compromiso de la unión temporal no fue satisfecho.
El material probatorio evidenció que solo se construyeron 100 viviendas de mala calidad a tal punto que no cumplieron con las normas urbanísticas, causando un detrimento por el valor total del convenio.
Todos los procesados aceptaron su responsabilidad en el ilícito, por lo que el Juzgado Primero del Circuito de Valledupar, al verificar el allanamiento, procedió a dictarles condena.
