Lo que comenzó con un proceso de licitación pública que hizo la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, para el mejoramiento de la vía entre las veredas San Jacinto y 7 de Agosto, se ha convertido en un caso de presunta corrupción que incluye la comisión de, al parecer, delitos contra el medio ambiente, la salud humana y la administración pública en materia de contratación estatal.
De acuerdo con Mario Ernesto García Martínez, abogado y uno de los apoderados legales de tres empresas palmicultoras de esa región del Cesar, el 14 de diciembre de 2021 salió la resolución abriendo la licitación para la construcción de una carretera que comunica a las veredas antes referidas. 'Eso se efectuó desde esa fecha hasta el 20 de enero de 2022. Normalmente esas contrataciones estatales siempre tienen demoras, pero en este caso funcionó rápidamente, como si estuviéramos en Suiza, y eso es lo sorprendente. No tuvo inconvenientes de ninguna clase. Se lo adjudicaron al Consorcio Vial Codazzi 2022, el cual tiene la obligación de ejecutar esa obra. La inversión en esta obra asciende a un total de 33 mil millones de pesos', explicó el abogado García Martínez.
Cabe destacar que esa vía tiene una extensión de 12.9 kilómetros, de los cuales ya tiene un avance de un 70 u 80%. La fecha de entrega ya se venció. El plazo de ejecución contractual expiró el 3 de mayo de 2023, según precisó el jurista. Agregó que 'el contrato debió haber terminado el pasado 3 de mayo, pero tiene una medida preventiva con orden de suspensión con fecha del 27 de diciembre del 2022. Según dicen los abogados de la alcaldía de Codazzi, ese contrato fue prorrogado el 3 de mayo de este año, entonces ¿cómo es posible prorrogar un contrato que se encuentra suspendido?'.
La génesis del caso
El conflicto inició con una queja del pueblo indígena Yukpa porque el trazado de la vía pasa por sus territorios. 'Esa queja fue presentada a la Presidencia de la República, al ministro del Interior, a la ministra de Ambiente, al director de Corpocesar, a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación. Con motivo de esa denuncia, Corpocesar realizó una visita a la obra el 6 de agosto y encontró que en la ejecución de la misma, que ya había comenzado, no tenía permiso de aprovechamiento forestal, es decir para talar árboles; no contaba con el permiso de vertimientos industriales, de los desechos de las cuadrillas de trabajadores, tampoco posee permiso de ocupación de cauces ni de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente para la sustracción de área porque parte del trazado de esa carretera pasa por la reserva forestal protectora de la Serranía del Perijá, que está protegida por la Ley Segunda de 1959, es decir tiene protección especial del Estado colombiano', destacó García Martínez.
A raíz de esta visita en donde se detectaron estos hallazgos, 'Corpocesar inició el 15 de septiembre de 2022 un proceso sancionatorio y esperó hasta el 27 de diciembre de ese mismo año para imponer una medida preventiva, consistente en la suspensión de actividades al consorcio. Sin embargo, eso no se ha cumplido porque hasta la fecha el contratista sigue ejecutando la construcción de la carretera. Esto es lo que se quiere denunciar, que en el Cesar no hay ni Dios ni ley, hacen lo que les da la gana', precisó el abogado.
Acotó que 'el contratista sigue ejecutando la obra sin el lleno de los requisitos, con el agravante de que muchas de las infracciones ambientales se convierten en delitos, tales como: el informe de Corpocesar manifiesta que hay 11 nacederos del río Sicarare que se secaron, lo cual infringe lo establecido en el Código Penal porque daña el medio ambiente'. Resaltó que 'en cuanto al río Casacará, el trazado de la vía contempla un puente y ellos ya instalaron las columnas a orillas del cauce del río sin tener los permisos de ocupación de cauces. Solo falta que instalen la plancha, creemos que ya lo hicieron, y los campesinos de esa zona, aunque están de acuerdo con la obra porque les trae progreso, están denunciando que ese puente quedó mal instalado, es decir las planchas están mal puestas'.
Delitos configurados
De acuerdo con el profesional del derecho, 'en la construcción de esa vía terciaria, se están configurando los siguientes delitos: Explotación ilícita de recursos mineros pues los materiales que el contratista utiliza en la obra provienen de una cantera que no ha aportado títulos mineros, licencia ambiental, plan de manejo ambiental, y estos no han sido aportados. También se está configurando el delito de daños a recursos naturales y ecocidio porque cuando hicieron el trazado de la carretera talaron una gran cantidad de árboles y para hacer todo eso no tramitaron la licencia ambiental. Igualmente están incurriendo en contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros e hidrocarburos, invasión de áreas de especial importancia ecológica y financiación de invasión de esas áreas. Todos estos delitos están agravados porque la obra se encuentra dentro de un territorio donde vive una minoría étnica'.
Subrayó que el nombre del proyecto es Mejoramiento Vial, y 'se presenta como tal para saltarse el paso de la licencia ambiental'. 'Las vías terciarias requieren, según el decreto 1076, licencia ambiental, pero como se está construyendo en territorios de la etnia Yukpa y en zonas campesinas y pueblos afrodescendientes de la Serranía del Perijá, requiere necesariamente la solicitud ante el Ministerio del Interior de la procedencia o no de una consulta previa. No socializaron esa obra con los indígenas ni campesinos de esa región'.
Palmicultores perjudicados
Toda esta situación ha causado, según el abogado, enormes perjuicios a las empresas de palmicultores Palmas Montecarmelo S.A., Palmas Sicarare S.A.S., y Palmas Casacará Limitada, que tienen más de 50 años dedicadas a la producción agroindustrial en el cultivo de palma.
'Estas empresas poseen más de 4 mil hectáreas de palma y sus ingenieros pudieron detectar, desde el año pasado, que había comenzado a bajar la producción en el tonelaje por hectáreas. Al detectar esta situación, estas empresas comienzan a ubicar las causas, motivos y razones por las que está disminuyendo la producción y encontraron que en la zona está la construcción de esa carretera en la parte alta de la Serranía del Perijá, a una altura de entre mil 400 y dos mil metros sobre el nivel del mar, zona en donde nacen los ríos Sicarare y Casacará. Han secado once nacederos del río Sicarare, aguas abajo es en donde esas empresas se surten de agua, con sus correspondientes permisos de la Corporación Autónoma de Cesar. El acceso al recurso hídrico se les está dificultando. El impacto económico ha sido millonario. Estas empresas son las mayores generadoras de empleo en esa zona, con más de cinco mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos', según lo explicado por el jurista.
Pero también, según él, han resultados afectados los cafeteros, cacaoteros y ganaderos que tienen necesidad de tener acceso al agua. 'Nos dimos cuenta de que hay falencias desde el punto de vista de la contratación estatal porque el plazo de ejecución contractual ya está vencido, adicionalmente es un peligro para la comunidad porque la obra no ha sido recibida a satisfacción por el contratante y sin embargo ya está en funcionamiento con el tránsito de vehículos. Hay peligro de desprendimientos y deslizamientos. La vía ya está abierta al público a pesar del peligro que representa para la comunidad. 'Queremos hacer un llamado para que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental del César y la Fiscalía General de la Nación, intervengan, cada una en lo de su competencia. Llamamos al Director de Corpocesar para que cumpla sus funciones y formule los cargos al Consorcio Vial Codazzi 2022 y continúe su trámite el Proceso Sancionatorio Ambiental, sin más dilaciones, reconociendonos como terceros intervinientes en dicho proceso', enfatizó García Martínez.
'Es necesario que se ordenen las compensaciones a los afectados, lo cual es sumamente costoso y demorado. Es importante destacar que los afectados se hayan constituido como víctimas en el proceso ante la Fiscalía. Le hemos pedido al director de Corpocesar que haga uso de sus facultades de Policía para que no solo formule cargos al contratista sino también que decomise la maquinaria que se utiliza en la obra. Ningunas de estas solicitudes han sido contestadas por la alcaldía de Codazzi ni Corpocesar mediante más de doce derechos de petición presentados. El director de Corpocesar no atiende, el alcalde Omar Benjumea tampoco, y como dato curioso en el acta de inicio encontramos que fue elaborada por William Escobar Ruiz, quien firma como jefe de la Interventoría Consorcio Agustín Codazzi 2022, pues este señor pasó de ese cargo a secretario de Planeación de ese municipio. No se ha declarado impedido en nada. Entonces, todo lo que él ha hecho está viciado de nulidad', recalcó el abogado.
