El Consejo Superior de la Judicatura destituyó e inhabilitó por 11 años, al fiscal 12 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Valledupar, William García Lúquez, al hallarlo disciplinariamente responsable de falta dolosa gravísima y grave dolosa, al declararse impedido dos años después de iniciar una investigación por el denominado ‘Cartel de los Impuestos’, con el que se desfalcó a este Municipio por más de 7.000 millones de pesos, al tener un familiar vinculado al proceso.
De acuerdo con la decisión del organismo, el funcionario judicial debió de manera inmediata manifestar su impedimento y no esperar dos años después que adelantara acciones y diligencias contra los imputados, en las que al parecer favoreció a José Antonio Orozco García, su primo, quien estaba siendo procesado por el delito de peculado por apropiación, a quien de hecho se abstuvo de librarle orden de captura, mientras que los demás imputados fueron enviados a la cárcel.
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Consideró la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que el fiscal García incurrió en irregularidades al omitir su declarativa de impedimento por dos años, tiempo en el que según el análisis del problema jurídico planteado con relación a su responsabilidad, se vio favorecido José Antonio Orozco en el sentido que no se le surtió investigación en su contra, a pesar de las indagaciones que adelantó la Fiscalía.
'Estamos en presencia de la incursión de un concurso de faltas con carácter doloso, puesto que el material probatorio permite inferir que el actuar fue deliberado, consciente y voluntario, con pleno conocimiento de la ilicitud y representación del resultado', concluye la sala disciplinaria.
Además indica que debe tenerse que dada la formación y trayectorias del funcionario, este se hallaba en plena capacidad de comprensión del marco general y particular de los deberes que lo cobijan por su condición de fiscal 12 seccional de Valledupar, con palmarés de más de 17 años de delegado de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal Wlliam García, se declaró impedido el 14 de febrero de 2014, cuando venía conociendo el caso desde el 30 de enero de 2012.
El cartel de los impuestos
El 29 de noviembre de 2011, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, puso al descubierto una red de funcionarios y exempleados de la alcaldía de Valledupar que manipularon la base de datos de los contribuyentes. 'Disminuyendo o alterando el monto de los impuestos que deberían pagar'. La estafa fue tazada en más de $7.000 millones y, para ello, contrataron a tramitadores que esperaban a los contribuyentes a las afueras del palacio municipal, debajo del palo de mango, para guiarlos en lo que debían hacer.
Por estos hechos fueron capturados en operativos simultáneos a Danys Rivera Araujo y José Julio Peralta, auxiliares administrativos en la oficina de predial; al abogado Marcos Guillermo Quintero Andrade, quien se desempeñaba en el área de cobros coactivos; Arquímedes Miranda Mejía y José David Baute Movilla, administrador de sistemas y encargado de cobro coactivo, respectivamente; Leonardo José Mosquera, exfuncionario y los tramitadores Álvaro de Jesús Díaz Aguilar y Adrián Iván Maya Molina.
Mientras que otra persona identificada como Carlos Roberto Chamorro Mostacilla, fue detenido en el kilómetro tres de la vía Jamundi – Cali. Todos sindicados de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
El proceso penal terminó el año pasado en primera instancia con seis condenas y una absolución. La juez primera Penal del Circuito, Rosario Villalobos, falló sentencia condenatoria a José Baute Movilla y Álvaro de Jesús Mosquera, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad de documentos públicos.
Y a Leonardo Mosquera, Arquímedes Miranda Mejía, Adrián Iván Maya y Marcos Quintero, por peculado por apropiación, concierto para delinquir, acceso abusivo en medios informáticos y falsedad de documentos.
El ingeniero de sistemas Carlos Chamorro Mostacilla ya había aceptado en 2011 su culpa y fue condenado a 13 años de prisión, por peculado y acceso abusivo en medios informáticos.
Todos se encuentran privados de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar. Danys Rivera Araujo, fue absuelta de los cargos.
