En una máquina del Cuerpo de Bomberos, en medio de una multitudinaria caravana, llegó el alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, a este municipio al sur del Cesar, luego de recobrar su libertad tras dos meses de estar detenido por su presunta responsabilidad en las irregularidades de un contrato de alimentación escolar que se convirtió en escándalo nacional, al trascender un video en las redes sociales sobre las pésimas condiciones en que los niños recibían la comida.
El mandatario prácticamente tuvo un recibimiento de héroe en la localidad por parte de decenas de simpatizantes, a pesar de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las anomalías en el servicio de la alimentación de los estudiantes. El video reveló como los niños del colegio Sagrado Corazón hacían fila posando con un vaso y un plato que se pasaban para el registro fotográfico del operador, mientras a otros le daban los alimentos en las palmas de las manos.
El Juzgado Cuarto del Circuito de Barrancabermeja decidió dejarlo en libertad, sin desvincularlo de la investigación, tras resolver un recurso de apelación en el proceso que se adelanta por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación, por lo que el pasado 16 de abril el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja con Funciones de Control de Garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por este mismo caso, La Procuraduría Provincial de Ocaña formuló cargos considerados graves a título de culpa al alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes y al secretario de Educación de ese municipio Rodolfo Rincón; y gravísimos a título de dolo al secretario de Planeación, Juan Carlos Zuleta Neira, por las supuestas irregularidades en que incurrieron con la firma y ejecución de un convenio de cooperación para el suministro de la alimentación escolar en esa localidad, al sur del Cesar.
El Ministerio Público cuestionó al mandatario por, presuntamente, no adelantar las acciones tendientes a garantizar la publicación de todos los procedimientos y actos asociados al Convenio No 1 con la Fundación Provenir por $537 millones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) a través del Portal Único de Contratación, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, vigente para la época de los hechos.
El ente de control resaltó que no existe en el expediente acto administrativo que justifique la contratación directa tal como lo establece el Decreto 1082 de 2015 ni tampoco se evidenció que se haya informado a los interesados en dónde podían consultar los estudios y documentos previos para determinar la clase de contratación.
Sobre la investigación, en su momento el fiscal general de la Nación (e), Jorge Perdomo, indicó que 'nosotros entramos a revisar el contrato como tal, qué estaba pasando, y efectivamente la hipótesis que encontró la Fiscalía, es que no se estaba cumpliendo con los requisitos legales por parte de quienes lo habían firmado, que además habría algún interés para que se firmara como se hizo y con la empresa con la que se suscribió, y por supuesto logramos establecer que la calidad de la comida que se estaba ofreciendo no era la que se estaba contratando'.
Anoche, el alcalde dijo que: 'Siempre trabajamos con los abogados para demostrar la inocencia, se pidió una revocatoria y fue concedida ahora vamos a pedir la preclusión de esta investigación de la cual vamos a salir bien librados'.
