La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre unos bienes inmuebles que un entonces funcionario del Fondo para la Reparación de las Víctimas en Bolívar adquirió con recursos ilícitos.
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De acuerdo con el reporte del ente investigador-acusador, el entonces funcionario habría participado en un entramado de corrupción que levantó medidas de embargo sobre activos ubicados en los departamentos de Bolívar y Córdoba, y que posteriormente los comercializó a terceros.
Con la utilización de maniobras fraudulentas el funcionario concretó la actividad ilegal entre los años 2015 y 2017 y en las últimas horas fue tomada la decisión de la extinción del dominio que ya le aplicaron.
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Reporta además la Fiscalía que “por estos hechos varios servidores públicos y particulares fueron vinculados formalmente a una investigación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público”.
Los bienes afectados con la medida son cuatro predios rurales ubicados en Turbaco (Bolívar), que pertenecerían a uno de los funcionarios implicados. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de estos mientras avanza el proceso judicial.