La Defensoría del Pueblo advirtió este viernes 23 de febrero sobre el alto riesgo de inseguridad que afrontan los pobladores de 7 municipios del Sur del Bolívar por cuenta de la masiva presencia de actores armados ilegales en el territorio.
{"titulo":"Hermanos Borré Barreto enfrentarán audiencia de acusación el 28 de febrero","enlace":"https://www.elheraldo.co/bolivar/hermanos-borre-barreto-enfrentaran-audiencia-de-acusacion-el-28-de-febrero-1073173"}
Carlos Camargo Assis, defensor, le solicitó a las autoridades competentes poner en marcha medidas inmediatas en prevención y protección para la población civil, con la finalidad de que no continúe siendo blanco de los actores armados al margen de la ley que delinquen en esta zona.
El inminente riesgo de los pobladores de Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martin de Loba y Tiquisio, está consignado en la recién emitida Alerta Temprana 003 del 2024.
'Las acciones de los dos grupos armados ilegales están causando desplazamientos forzados, extorsiones, y algunos menores de edad vienen siendo instrumentalizados para actos delictivos', asegura el Defensor del Pueblo.
En el documento de prevención y advertencia, de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo les solicita a las autoridades la adopción de medidas para prevenir y evitar que hechos, como la imposición de ‘normas de conducta’ y cobro de ‘multas’ de las estructuras al margen de la ley y su accionar violento, afecten la vida, libertad, movilidad y seguridad de las poblaciones identificadas como de alto riesgo.
{"titulo":"La Alcaldía de Cartagena prohibió los eventos musicales en las playas","enlace":"https://www.elheraldo.co/bolivar/alcaldia-de-cartagena-prohibe-eventos-musicales-en-playas-de-la-ciudad-para-su-recuperacion"}
Mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, extorsiona a los mineros y se disputa territorios con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el bloque ‘Aristides Meza Páez’ de las AGC ha causado homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones. De este último delito son víctimas servidores públicos, pescadores, docentes, mototaxistas, transportadores, tenderos, comerciantes y ganaderos.
'Lo hacen de manera presencial, con hombres en motos, o a través de llamadas telefónicas y audios intimidantes. Las exigencias varían según los municipios, los contratos y otros factores, como por ejemplo el nivel de ingresos o posesiones: van desde el 10% del salario o del contrato (en el caso de los contratistas); algunos ganaderos deben pagar $50.000 por cabeza de ganado o hay cobros de impuesto sobre las bebidas alcohólicas, como 2500 pesos por canasta de cerveza vendida. Incluso una empresa de suministro de gas tuvo que cortar el servicio durante un día, ante las amenazas pagar extorsiones', precisó el Defensor del Pueblo.
