En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 8 meses a tres docentes adscritos a la secretaría de Educación de Bolívar por acreditar información y documentación inexacta y carente de veracidad para acceder a sus cargos.
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Los sancionados por el Ministerio Público son los docentes Jhonatan Beltrán Villareal, de la Institución Educativa San Lucas, en el municipio Santa Rosa del Sur; Guillermo Cabrera Pineda, del centro de formación Mina Seca, en Tiquisio; y Juan Carlos Gil Pardo, del colegio Elvira López de Faciolince, en el municipio San Martin de Loba.
De acuerdo con el ente disciplinario, los señalados consignaron y aportaron como formación académica en sus hojas de vidas: diplomas y actas de grado de normalistas superiores de la Institución Educativa Normal Superior de Manatí; pero el centro educativo certificó también que los educadores 'no obtuvieron títulos de Normalistas Superiores en la escuela, no aparecen en los libros reglamentarios, en los libros de Registros de Diplomas y en los libros de Actas de Grado de la Institución'.
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'Debido a la actualización del currículo de los profesores en la secretaría (de Educación), fueron vinculados a los cargos en provisionalidad en las mencionadas instituciones educativas mediante decretos proferidos por la gobernación de Bolívar; pero la entidad verificó que los títulos certificados por los servidores no correspondían a la realidad', indicó en un comunicado la Procuraduría.
Ante esto, la Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 determinó que la conducta de los servidores 'constituye una grave afectación de la moralidad administrativa, pues tratándose de una persona que, como docente, dentro de su rol social debe formar seres humanos y dar buen ejemplo, no es justificable que haya aportado documentación que no era acorde con la realidad para obtener el nombramiento en una institución educativa del departamento de Bolívar'.
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Agregó que 'se esperaba que cumpliera con estricto rigor las normas previstas para su acceso y desempeño como docente, en atención a que la función administrativa es reglada y está orientado a la satisfacción del interés general y no puede regirse por intereses privados y/o particulares'.
El Ministerio Público calificó la conducta de los funcionarios como falta grave, a título de dolo, contra la cual procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
