El Heraldo
Josefina Villarreal
Barranquilla

Procuraduría requiere información sobre contratos de dragado

También fue presentada una acción de grupo contra la Nación y varias entidades.

La Procuraduría también se encuentra vigilante a los procesos administrativos relacionados con las labores de remoción de sedimentos en el canal de acceso.

De acuerdo con dos documentos conocidos por EL HERALDO, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública asumió la vigilancia preventiva de este proceso.

Dicha Procuraduría Delegada hizo requerimientos sobre el tema a Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, y a Sandra Gómez Arias, presidenta de Findeter.

A Jurado le solicitaron un informe sobre la ejecución del contrato, así como las razones de las posibles adiciones y prorrogas.

“Si el contrato no es adicionado o prorrogado, se sirvan explicar con cáracter de urgencia la suerte del dragado entre el 1 de septiembre de 2021 y la fecha de inicio de ejecución del contrato resultado de las convocatorias señaladas”, se lee en el documento firmado por Alejandro Gutiérrez Casas, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Además, pidió que se entregue un informe con relación a la convocatoria pública para la contratación del dragado hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, a Gómez le fue solicitada información relacionada con los recursos disponibles para continuar con las labores de dragado en el canal de acceso, así como que se detallen las acciones que se adelantarán para garantizar la navegabilidad.

Asimismo, cuestionó sobre los riesgos que genera la suspensión del dragado en la navegabilidad del canal de acceso y para las actividades posteriores de dragado.

Presentan acción de grupo por “perjuicios causados”

Ante el Tribunal Administrativo del Atlántico fue presentada una acción de grupo debido a los “perjuicios causados” por el bajado calado de la zona portuaria de Barranquilla.

Los abogados William Flórez Noriega, Jorge Castro Pacheco y Simón Ackerman Sánchez –quienes presentaron la acción de grupo– explicaron que el Gobierno nacional ha incumplido las obligaciones y competencias ante la alta sedimentación registrada en el canal navegable.

Señalaron que el fenómeno trae “consecuencias nefastas y alarmantes a todo el sector exportador e importador”, teniendo en cuentas las pérdidas económicas, daños materiales e inmateriales que se han registrado a lo largo del año.

Los abogados también aseguraron que las entidades han fallado en su deber de prevenir y, en caso de presentarse sectores con sedimentación, “empezar a dragar sin pérdida de tiempo, es decir, sin tener que salir a buscar una draga desocupada en algún puerto cercano”.

En el documento también se expuso que la cuantía de los daños y perjuicios se tasa en más de nueve millones de dólares, que equivale a más de 34 mil millones de pesos.

“El Gobierno ha incurrido en una evidente falla del servicio por omisión y negligencia al no poner a trabajar una draga permanente, para lograr la recuperación del canal”, expuso el abogado William Flórez Noriega.

Cabe destacar que la acción de grupo fue presentada en contra del Gobierno nacional, Cormagdalena, el Ministerio de Transporte y Findeter.

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