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Los proyectos que se vienen ejecutando en la Ciénaga de Mallorquín han sido tema de discusión en los últimos años por el impacto que representarían las obras en este ecosistema estratégico y de gran importancia para el Caribe, por la biodiversidad que allí habita y los servicios ecosistémicos que ofrece.

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La férrea defensa de las comunidades y veedurías ciudadanas por esta área natural captó la atención de los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes conformaron –meses atrás– unas mesas de trabajo con todos los intervinientes para revisar el estado de la ciénaga y las posibles afectaciones que podrían estar ocurriendo.

Todas estas alarmas tuvieron un impulso tras conocerse la expansión urbanística en esa zona con el proyecto Ciudad Mallorquín adelantado por el Grupo Argos en Barranquilla y Puerto Colombia, con la proyección de construir 16.000 unidades de vivienda, y por otro lado, las obras ejecutadas por la Alcaldía de Barranquilla con el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y otras en esa área.

Es así como el pasado sábado 3 de agosto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, luego de un estudio realizado por una comisión técnica interdisciplinaria, dio a conocer los resultados del informe ambiental llevado a cabo en la zona.

Se encontró, dentro de los hallazgos, irregularidades y afectaciones a este ecosistema, y en ese mismo sentido se acordaron, con autoridades locales y ambientales, medidas para salvaguardar Mallorquín y humedales cercanos.

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De acuerdo con la ministra, se emplearon –para las obras de turismo– instrumentos ambientales que no fueron adecuados frente a la normatividad ambiental. De igual manera, destacó la urgente necesidad de resolver el tema de tratamiento de aguas residuales y los planes parciales en los proyectos de urbanismo.

Acordamos una revisión del régimen ambiental del sitio Ramsar y una revisión con la Alcaldía de Barranquilla del plan maestro de Mallorquín versus la regulación ambiental. Necesitamos verificar que lo que vayamos a hacer de turismo de naturaleza tenga primero, como centro, la recuperación y sostenibilidad de un ecosistema y que el turismo lo beneficie”, afirmó Muhamad en su momento.

En ese plan de acciones, le corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) actualizar las determinantes ambientales de esta área estratégica y avanzar en el Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca. Quedó establecido no aprobar más planes parciales ni proyectos si estos no contemplan un tratamiento de aguas en la zona.

En esa misma línea, se identificaron –según el informe– humedales cercanos a Mallorquín que a pesar de no estar categorizados como Ramsar, son de gran importancia por su conexión ecosistémica y por ende se encomendó protegerlos.

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En pocas palabras, se acordó alinear los límites del plan de ordenamiento territorial con los límites de protección de este ecosistema, proteger humedales estratégicos amenazados por la expansión urbana y promover un turismo que beneficie estos entornos naturales.

“Los humedales Ramsar son importantes por su biodiversidad y funciones ecológicas, como el almacenamiento de agua, la regulación del clima y ser hábitat de muchas especies de plantas y animales. Por eso, la Ciénaga de Mallorquín, por su categoría de importancia internacional, debe ser conservada y usada sosteniblemente”, destacó Minambiente.

“Se establecieron medidas”

La Alcaldía de Barranquilla le salió al paso a las informaciones contenidas en el informe realizado por la comisión técnica de Minambiente que determinó irregularidades y afectaciones en Mallorquín debido a las obras que se han venido ejecutando en la zona protegida.

De acuerdo con la administración distrital, para el desarrollo del proyecto, se formuló un plan de manejo ambiental que redundó posteriormente en la viabilidad otorgada por la EPA Barranquilla Verde mediante la Resolución N° 0597 del 23 de marzo de 2021.

En el documento –según afirmó el Distrito– se determinaron los impactos sobre este ecosistema y “se establecieron medidas de prevención, mitigación y compensación, siempre enmarcadas en el desarrollo sostenible”.

“Uno de los impactos identificados fue la afectación de la conectividad ecológica. Para abordar este problema, se realizaron estudios detallados sobre la movilidad de las especies de fauna silvestre en la Ciénaga de Mallorquín y el río Magdalena. Entre las especies estudiadas se incluyen mapaches, iguanas; salta arroyos, boas, osos hormigueros, babillas y el cangrejo azul”, refirió.

Entre las medidas empleadas y aprobadas por la autoridad ambiental – en las resoluciones la 1225 y 3148 de 2022– para la protección de la fauna silvestre en el proyecto del Tren Turístico y paso peatonal se encuentra la instalación de barreras temporales con polisombra; señalización informativa y preventiva de fauna y disponibilidad de un biólogo y veterinario especialista en fauna silvestre durante el periodo de construcción.

De igual manera, se estableció una zona de rescate y cuidado de fauna silvestre; la instalación de reductores de velocidad temporales; adecuación de pasos aéreos y terrestres para fauna silvestre con la construcción de ecoductos; así como también se realizaron capacitaciones a la comunidad y personal de obra sobre preservación y conservación de Fauna.

Un segundo hallazgo se encontró durante la formulación del plan de manejo ambiental, según advirtió el Distrito, y consistía en la limitada conexión entre el río Magdalena y la Ciénaga de Mallorquín por la obstrucción recurrente de los box coulvert existentes entre los dos cuerpos de agua ubicados en las estaciones K0+960 y K1+790, en el sector de Tajamar.

Ante esto, sostuvo la administración que se consideró realizar actividades de limpieza periódica de los box coulverts y evitar su colmatación, además de la instalación de una malla en la margen del río para disminuir el ingreso de residuos sólidos que podrían contaminar y obstruir este paso de agua.

“Estas estrategias y acciones no solo buscan mitigar el impacto ambiental del proyecto, sino también promover la convivencia armoniosa entre el desarrollo urbano y la biodiversidad local”, destacó la Alcaldía.

Parqueadero UF2 Ecoparque

El Distrito, mediante un documento allegado a EL HERALDO, argumentó los parámetros en los que se escudaron para adelantar las obras de acceso al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín con la construcción del parqueadero, no sin antes afirmar que el proyecto contó con la viabilidad ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) a través de la resolución 546 del 2020.

Dentro los determinantes ambientales para el uso del suelo en esta área priorizada para su conservación, la administración distrital demostró mediante imágenes satelitales y registro en campo que la zona en donde se iba a desarrollar el proyecto ya había sido intervenida antes y que mostraba un alto grado de degradación por actividad antrópica (descargue de residuos ordinarios y escombros), por lo que se dio la factibilidad para la ejecución de las obras categorizadas como proyectos y /o negocios verdes y sostenibles.

“Teniendo en cuenta las premisas contenidas en la resolución 546 de 2020 se concluye que las zonas enmarcadas como zonas prioritarias de conservación pueden ser objeto de intervención mientras se apliquen las medidas de compensación necesarias, establecidas en la resolución 0000360 de 2018 y resolución 000660 de 2017. La resolución 531 del 2013, incluye dentro de los servicios asociados al ecoturismo, el derecho del visitante a tener zonas de acceso y transporte a los proyectos ecoturísticos”, refirió el Distrito, que agregó que la construcción del parqueadero representa una alternativa de conservación de la zona circundante al evitar que se siga alterando el ecosistema por “actividades ilegales de relleno con material de escombro y basuras”.

En ese entendido, señaló que la zona de acceso se adecuará con materiales livianos y de la zona que “cumplirán con todas las condiciones de infraestructura liviana, sin estructuras en concreto que faciliten al operador aplicar medidas de restauración en el área delimitada”.

Calidad del agua

La Alcaldía de Barranquilla mencionó que previo a la ejecución de la fase UF1 Distrito Familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Consorcio JCO Mallorquín, encargado de la obra, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) la autorización para ocupar un cauce sobre la ciénaga y poder adelantar la construcción de un equipamiento deportivo y un sendero peatonal, aval que fue entregado por la autoridad ambiental a través de la resolución 641 de 2021.

En este permiso quedó contemplada la obligación del contratista de presentar un informe semestral (junio y enero) y anualmente (enero) de las condiciones fisicoquímicas, microbiológicas e hidrobiológicas de la ciénaga de Mallorquín durante y después de la construcción del Ecoparque.

“En cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución, el consorcio JCO Mallorquín realizó los monitoreos de seguimiento de la calidad del agua de la ciénaga de Mallorquín (…) según los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, podemos concluir que el proyecto Ecoparque Mallorquín no generó ningún tipo de impacto negativo sobre la calidad del agua de la ciénaga”, apuntó el Distrito.

Puerto ajustará el POT

Mauro Suarez, jefe de la Oficina de Planeación de Puerto Colombia, precisó que como ente territorial han hecho exactamente lo que la ley y la norma exige en estos casos de urbanismo.

“El Ministerio de Ambiente dice que no se tuvieron en cuenta los parámetros para el vertimiento de aguas residuales y eso no es cierto, porque para la elaboración del Plan Parcial la ley exige unas factibilidades de servicio que absolutamente vienen condicionadas por las empresas de servicios públicos. No es Puerto quien define qué ni cómo se debe estructurar la consecución de los resultados para que cumplamos con los vertimientos de aguas residuales, pero sí vigilamos el proceso porque Triple A es el operador en Puerto”, dijo.

Sostuvo que hoy el proyecto Ciudad Mallorquín está condicionada a los ejercicios de la factibilidad entregadas y que son corroborados en el momento del otorgamiento de la licencia de urbanismo.

“El paso de la licencia de urbanismo no exige factibilidad. Ahora se necesita es disponibilidad, lo que está disponible para el servicio. Hay que entender que las unidades de vivienda serán desarrolladas a lo largo de los años, porque los Planes Parciales tienen mínimo 10 años para desarrollarse”, argumentó.

Indicó que si bien están convencidos de proteger el ambiente, sostuvo que es necesario entender que no se puede “coartar” el desarrollo y que este mismo deberá “acomodarse” a las reglas que hoy están establecidas, “sin pasar por encima de nada”.

En ese entendido, Suarez anunció que el municipio abrirá la discusión alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial para revisarlo y hacer los ajustes pertinentes. Indicó que el POT fue aprobado en 2017 por el Concejo en la anterior administración y que ahora están dentro de los tiempos de ley para hacer las modificaciones.

Explicó que en un plazo de ocho meses se tomaría adelantar todo este proceso: “Se hace primero una formulación de un diagnóstico y se identifican problemas, luego se abren unas mesas de socialización con la comunidad, que además se deben complementar con unos estudios de movilidad y algunos otros estudios técnicos hidrológicos y de riesgos que deben concertarse con la autoridad ambiental”.

Manifestó que el municipio buscará, dentro de esas revisiones y ajustes al POT, reducir los índices de edificabilidad cerca de los recursos hídricos.

“Hoy hay voluntad de una administración muy responsable, en cabeza del alcalde Plinio Cedeño, que lo que pretende es desarrollar urbanísticamente al municipio, pero muy responsable a la hora de tener en cuenta la contribución hacia el medio ambiente”, anotó.

Por último, señaló que se pedirá acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y los ministerios de Vivienda y Ambiente para responsablemente perfeccionar el documento de planificación y ordenamiento territorial.

Josefina Villarreal

CRA realizará una revisión y ajustes al Pomca Mallorquín

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico anunció que no se concertarán más planes parciales hasta que estos contengan una solución al manejo de aguas residuales generadas por los proyectos en áreas que no cuentan con una conexión a las redes de alcantarillado público.

Informó, además, que se revisará y ajustará el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, Pomca Mallorquín, por lo que en próximos días se abrirá el proceso licitatorio.

“Hemos expedido una reglamentación para la concertación de asuntos ambientales de los planes parciales en la jurisdicción de la Corporación, en la cual estamos exigiendo a todo proyecto de plan parcial presentar una descripción de la solución que se plantea para el manejo de las aguas residuales, incluyendo diseño técnico de la solución, cálculo de caudal de descarga, tipo de descarga (suelo o cuerpo de agua), o tratamiento para reúso, plano de redes entre otros”, dijo Jesús León Insignares, director de la CRA.

Manifestó que se hace necesario que los entes territoriales (Barranquilla y Puerto Colombia) revisen, ajusten y actualicen los Planes de Ordenamiento Territorial, que oscilan entre los 8 y 10 años, bajo el entendido de que las dinámicas ambientales han cambiado.

“Entendemos que la acción urbanística está en cabeza del ente territorial, pero desde la autoridad ambiental sabemos que el desarrollo de las urbes extrapola sus impactos sociales económicos y por supuesto ambientales a todo ese ecosistema que está a su alrededor, pero se debe generar un equilibrio entre lo urbano y lo ambiental”, apuntó.

Lograr un equilibrio

Nelson Rangel, geólogo y docente de la Universidad del Atlántico, precisó que la ciénaga de Mallorquín si bien es una zona con una alta importancia socioeconómica, sostuvo que también es un área con muchos problemas ambientales como contaminación, degradación del ecosistema y actualmente urbanización.

Indicó que un urbanismo mal desarrollado es “sumamente malo”, puesto que traería consigo destrucción de hábitats naturales, alteración del hidrodinamismo que es entendido como los cambios que se pueden producir en el flujo de agua que afectan la salinidad y sedimentación.

De igual manera, podría ocasionar una contaminación asociada al desarrollo con el incremento en desechos sólidos, aguas residuales y contaminantes industriales; así como también la pérdida de terrero, presión sobre los recursos hídricos y un aumento al riesgo de inundaciones debido a la alteración del drenaje natural y el cambio climático.

Manifestó que lograr un equilibrio entre la sostenibilidad del ecosistema y el desarrollo urbanístico es complejo, sin embargo planteó algunas acciones que se podrían emplear para generar un menor impacto.

“La implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y un plan de zonificación claro es esencial para identificar y mitigar los impactos del desarrollo antes de que ocurran. Esto asegura que las áreas ecológicamente sensibles, como los manglares, sean protegidas y que el desarrollo urbano se realice de manera sostenible”, dijo.

Por otra parte, señaló que establecer áreas protegidas y llevar a cabo proyectos de restauración ecológica, como la reforestación de manglares, es fundamental para preservar la biodiversidad y restaurar las funciones naturales de la ciénaga de Mallorquín.

“Estas acciones aumentan la resiliencia del ecosistema frente a las presiones urbanísticas”, apuntó Rangel, quien agregó que tener edificaciones sostenibles o “infraestructura verde” es crucial para reducir la huella ecológica del desarrollo urbano, es decir, soluciones basadas en la naturaleza.

Manifestó que involucrar a las comunidades locales en la planificación y toma de decisiones asegura que el desarrollo urbano “refleje sus necesidades y promueva la conservación del ecosistema”.

En ese listado de acciones, precisó que se deberían desarrollar programas de educación ambiental y fomentar el ecoturismo sostenible como estrategias para aumentar la conciencia sobre la importancia de la Ciénaga de Mallorquín.

Por último, destacó que el uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo ambiental y el fomento de la investigación científica son esenciales para gestionar de manera adaptativa el desarrollo urbano y sus impactos.