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Barranquilla

Niegan pretensión de $28.000 millones a contratista de Vía de la Prosperidad

El Consejo de Estado falló un recurso extraordinario de anulación con el que se pretendía que la Gobernación del Magdalena pagara dicho monto.

El Consejo de Estado negó el reclamo que por más de $28.000 millones exigió el Consorcio Ribera Este a la Gobernación del Magdalena, por un presunto desequilibrio económico en el contrato de construcción de la Vía de Prosperidad.

La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante fallo del pasado 19 de marzo y que se conoció esta semana, le negó al Consorcio Ribera Este, responsable de la obra de mejoramiento vial Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro, la pretensión económica.

La sentencia del Consejo de Estado decidió el recurso extraordinario de anulación solicitado por el Consorcio Ribera Este en contra de la Gobernación del Magdalena, después de que en 2017 un Tribunal de Arbitramento resolviera la demanda que por cerca de $33.000 millones presentó el Consorcio por la “ocurrencia de un desequilibrio económico” en el contrato de la denominada Vía de la Prosperidad.

Los hechos que el ejecutor de la obra presentó ante el Consejo de Estado hicieron parte del trámite y la defensa jurídica que hizo el Departamento del Magdalena ante el Tribunal de Arbitramento y que también fue fallado a su favor al reconocerle a Ribera Este solamente $3.700 millones de los $33.000 millones que exigió en el marco del desarrollo de ese laudo arbitral.

Tanto el Tribunal de Arbitramento, en su momento, como el Consejo de Estado, ahora, precisaron que “lo demandado por el Consorcio correspondía a cuentas de unas actividades que fueron reconocidas por la interventoría contratada para el proyecto por el Instituto Nacional de Vías -Invías- en cabeza del Consorcio ICI y no por el Departamento del Magdalena, quien carecía de esa capacidad de aprobación”.

Adicionalmente, el Tribunal de Arbitramento ordenó la devolución de las sumas pagadas por cuenta de una multa impuesta por la entidad ante ciertos incumplimientos del consorcio contratista. El Consorcio ICI, como interventor de la obra, respondía directamente al Instituto Nacional de Vías –Invías-, y las actividades que se registraron en favor del contratista nunca fueron reconocidas por la Gobernación.

Sin embargo, después de la decisión del Tribunal de Arbitramento, Ribera Este insistió en su reclamo ante el Consejo de Estado, quien mediante sentencia del pasado 19 de marzo de 2020, falló a favor del Departamento del Magdalena, negando la millonaria indemnización que se pidió, cercana a los $28.000 millones.

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