El Heraldo
Se están realizando trabajos entre Air-e y la Mebar. Orlando Amador
Barranquilla

Endurecen sanciones a empresas que roben energía

La empresa Air-e sigue identificando casos en Atlántico. En la Fiscalía adelantan 250 investigaciones penales por este delito. 

El cierre de empresas y negocios que cometan el delito de defraudación de fluidos por apropiación del servicio de energía es una de las medidas que establece la ley colombiana para combatir este problema. Es por eso que las autoridades y la compañía Air-e revisaron los procedimientos legislativos para adelantar operativos que permitan mitigar este tipo de irregularidades. 

En este proceso, Air-e –en acciones articuladas con la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, inspectores de Policía Metropolitana de Barranquilla y personal de la Policía Nacional– realizaron un estudio de casos y estrategias de manipulación de redes y equipos de medida, utilizadas por algunos usuarios para la apropiación del servicio de energía y reducción de su pago. 

En este proceso de identificación de fraudes de esta modalidad, la empresa Air-e aseguró que “no están escatimando esfuerzos” para combatir el flagelo y los resultados, de acuerdo con la compañía, son las casi 250 investigaciones penales que hasta la fecha se adelantan en la Fiscalía. 

Este trabajo realizado entre las autoridades y ente investigador es descrito por el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, como una labor “fundamental” para continuar judicializando a quienes roban energía en el departamento y demás territorios del Caribe donde opera la empresa. 

“Es una tarea conjunta porque el robo de energía afecta la calidad del servicio y el bolsillo de todos, por eso hay que denunciar a los delincuentes que manipulan las redes eléctricas”, ratificó Castilla Andrade. 

Sanciones

En el análisis del proceso legislativo para intervenir el delito de robo de energía eléctrica en empresas o negocios, Air-e y las autoridades consideraron la aplicación del numeral 13 del artículo 92 y 196 del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual determina la suspensión temporal de hasta 10 días de la actividad que desarrolle una empresa o negocio, en caso de que se detecte con servicio de energía instalado de manera ilegal y sin autorización escrita de la compañía.

Rigiéndose a las mismas normas, en estos casos de detección de irregularidades, adicionalmente, “se podrá imponer  adicionalmente una multa 16 salarios mínimos diarios legales vigentes ($533.333). En caso de que la empresa o reincida al año de haberse detectado esta conducta, “se procederá a su cierre definitivo”. 

Otra de las sanciones que destacaron las autoridades son las denuncias penales impuestas por el delito de defraudación de fluidos y apropiación del servicio de energía, donde el propietario del establecimiento donde se esté cometiendo la falta podría ser penalizado con hasta seis años de prisión, respondiendo a lo establecido en el con el artículo 256 del Código Penal. 

Respecto a lo mencionado, el jefe de la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla, Juan Carlos Gómez Vallejo, explicó que, con este tipo de acciones “se generan pérdidas económicas e impactan en el incremento de la tarifa mensual”. Por eso, instó a la ciudadanía a asumir un rol participativo en la denuncia de estos casos. 

Sectores a intervenir

Durante la puesta en marcha de estrategias de identificación de fraudes en Barranquilla, de acuerdo con Air-e, se han registrado casos en corredores comerciales como la carrera 8, carrera 21 y el centro de la ciudad. También se han identificado casos de talleres informales de soldadura que operan con equipos de alto consumo, a través de energía eléctrica irregular. 

La empresa Air-e también informó que esas pérdidas por robo de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira alcanzan los 2 mil millones diarios, 60 mil millones al mes y 720 mil millones al año. 

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