La extradición –aunque el Gobierno venezolano haga maromas técnicas para desmentirlo– del empresario barranquillero Álex Saab a Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que durante años Colombia ha evitado resolver de fondo: ¿hasta dónde llegaron realmente las redes políticas, empresariales y financieras del régimen chavista en el país?

Todo lo que rodea el caso es tan confuso como tan necesario de resolver a nivel político. El empresario, señalado por Washington de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro, fue deportado por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la misma que durante mucho tiempo lo respaldó –al menos públicamente– y veló porque su gestión a nivel internacional se siguiera desarrollando sin ningún atisbo de veeduría. Saab era uno de los todopoderosos del régimen chavista. Era intocable y escurridizo. Y no era para menos, de acuerdo con opositores, fuentes del vecino país y cuadros de investigación de las agencias norteamericana, el ciudadano de origen libanés era el hombre del maletín en el Palacio de Miraflores. Todos los dividendos de negocios del petróleo los habría manejado. Además, estuvo, supuestamente, detrás de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Aunque desde Washington el empresario barranquillero es visto como una pieza clave para entender la arquitectura financiera del chavismo, persisten dudas sobre el alcance real de los acuerdos que podría negociar con la justicia norteamericana y sobre la información que estaría dispuesto a entregar, entre ella contra el propio Nicolás Maduro, que mantuvo buena relación con el gobierno de Gustavo Petro, quien nunca rechazó del todo las arbitrariedades del dictador.

Debido a lo anterior, en distintos sectores de la región existe expectativa —y también temor— por lo que Saab pueda revelar acerca de empresarios, operadores políticos y redes internacionales que habrían orbitado alrededor del régimen venezolano durante años.

Desde su captura en Cabo Verde, en junio de 2020, el caso terminó convertido en una radiografía incómoda del poder, la corrupción transnacional y las redes políticas que durante años se movieron entre Caracas y otros países.

Saab fue detenido cuando su avión hizo escala en la isla de Sal, en Cabo Verde, mientras —según el Gobierno venezolano— cumplía funciones diplomáticas como supuesto enviado especial de Nicolás Maduro rumbo a Irán. Desde entonces comenzó una batalla jurídica y política que terminó con su extradición a Estados Unidos en octubre de 2021, bajo cargos de conspiración para lavar dinero proveniente, según las autoridades norteamericanas, de una gigantesca red de corrupción ligada al chavismo. Posteriormente, fue liberado tras recibir un indulto del gobierno del entonces presidente Joe Biden

Durante mucho tiempo, el caso Saab fue tratado como una historia aislada, casi anecdótica, alrededor de un empresario barranquillero que pasó de bajo perfil a figura internacional en medio de sanciones, acusaciones de lavado de activos y señalamientos de corrupción. Pero hoy resulta evidente que el expediente va mucho más allá de una sola persona. Las dudas no resueltas son muchas. Y Colombia aparece inevitablemente en el centro de varias de ellas. Uno de esos casos es el que involucró a la fallecida exsenadora Piedad Córdoba y que fue archivado tras su muerte en enero de 2024. En medio de esa investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la Corte recopiló documentos, registros contables y testimonios sobre el incremento patrimonial de la excongresista y sus posibles nexos con operadores financieros ligados al chavismo.

Además, cabe recordar que hace poco la Fiscalía presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para tumbar la absolución de Alex Saab y de su contador, Devis José Mendoza Lapeira, por el delito de lavado de activos, señalado de haber utilizado, presuntamente, una compañía llamada Shatex S.A.

En manos del gobierno de Donald Trump la historia pinta diferente para Saab y para quienes podrían salir salpicados en una eventual colaboración con la justicia de quien pasó de ser un importante diplomático venezolano a un mortal ciudadano colombiano deportado a Estados Unidos.