El libro, más allá del rigor jurídico e histórico, tiene muchas anécdotas o “historietas” sobre nuestro devenir político. En el curso de su historia el país ha tenido principalmente dos figuras: el vicepresidente y el designado.
Hoy de los 50 senadores del 91 vamos en 12 o 13 y eso que ha aceptado de todo: tránsfugas, procesados, herederos de parlamentarios condenados, entre otras hierbas.
Hoy no hay quien pueda impedirlo pues el Consejo Nacional Electoral no tiene la organización suficiente para controlar a “don dinero” en las campañas. Y los procesos que se han iniciado por financiación ilegal, no han parado en nada, incluido el que “cursa” en la Comisión de Acusaciones.
Si Camilo viviera se habría convertido en símbolo de la inutilidad de la lucha armada y hubiera sufrido la profunda decepción de ver cómo del idealismo se pasó al negocio de la droga, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
Como lo registraron casi todos los medios, en los últimos días antes de que comenzara a regir la “veda” de la contratación, la Contraloría General dio el dato de más de catorce billones de pesos en contratos a dedo. Es la prueba reina de la farsa que significa esta supuesta ley de garantías, con todo el desbarajuste administrativo que eso implica.
Afortunadamente esta celebración llega en un ambiente distinto al del centenario cuando tuvimos que llorar a muchos de nuestros profesores, absurdamente sacrificados en la todavía impune tragedia del palacio de Justicia.
Ese momento preelectoral de las consultas también deja un vacío sobre la financiación. Hoy vemos a candidatos que prácticamente no existen en las encuestas gastándose chorros de plata en asesores que, en ocasiones, cobran varios millones de dólares. ¿De dónde salen tantos billetes? Y esos gastos “preliminares” no cuentan para los topes sobre financiación ilegal.
Es verdad que hay una diferencia abismal entre lo que gana un obrero de salario mínimo y lo que devenga un congresista. La solución está en una ley de equilibrio en los ingresos que comprenda no solamente a los parlamentarios sino a todos los funcionarios públicos de niveles medio y alto.
La postura de los gobernadores no puede ser analizada de manera emocional ni con sesgos ideológicos. Sobre la base de que la excepción de inconstitucionalidad tiene límites y que no puede ser pretexto para desconocer la ley, debe mirarse con detenimiento si su argumentación es sólida o no.
López Michelsen conocía el régimen constitucional colombiano como pocos y aunque nunca hizo uso político de esa condición, fue profesor de derecho constitucional desde los 28 años. Por eso su propuesta estaba enmarcada dentro del artículo 218 como había quedado en el plebiscito. Ampliamente debatida, fue aprobada en las dos vueltas por el Congreso.
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