Los hechos criminales de la semana pasada, muestran el casi absoluto descontrol del orden público en los últimos años que tiene múltiples causas entre las cuales, no es la menor, el fracaso absoluto de la llamada “paz total”.
Ahora, con el mismo argumento de conseguir la paz, se está negociando con toda clase de bandidos como quedó demostrado con el “tarimazo” y la parranda de Itagüí. Esta historia de pasar de la mano dura a las amnistías la hemos repetido muchas veces. ¿No será ya el momento de replantear la estrategia para conseguir la paz?
Una norma constitucional que señala que el alcalde es “la primera autoridad de policía del municipio” ha llevado a algunos a pensar que solo sobre sus hombros recae la responsabilidad de la seguridad ciudadana. En teoría, el alcalde es el jefe de la Policía, pero en la práctica, lo es el director Nacional de la Policía y su comandante en Bogotá, ambos de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.
Constitucionalmente el presidente es el símbolo de la unidad nacional. No está autorizado a lanzar “bolas” sin pruebas. Las palabras de un presidente son hechos políticos y jurídicos per se. Él está obligado a decir si esas grabaciones existen, quién las hizo, por orden de quién y cómo las escuchó.
No podemos seguir buscando la paz con impunidad permanente. No puede seguir siendo válida la tesis de que la aplicación de la justicia es un obstáculo para lograr la paz. Los candidatos deben salir de las generalidades a las propuestas concretas para la resolución del aparente conflicto entre justicia y paz.
Eso también nos puso a pensar que en coyunturas políticas como la actual, es posible aplicar la práctica francesa de finales de la V República sobre la “cohabitación”, que permite que ideologías políticas divergentes puedan gobernar un país. Todos los honores para el motor de este festival, doña Doris Morera de Castro.
El libro, más allá del rigor jurídico e histórico, tiene muchas anécdotas o “historietas” sobre nuestro devenir político. En el curso de su historia el país ha tenido principalmente dos figuras: el vicepresidente y el designado.
Hoy de los 50 senadores del 91 vamos en 12 o 13 y eso que ha aceptado de todo: tránsfugas, procesados, herederos de parlamentarios condenados, entre otras hierbas.
Hoy no hay quien pueda impedirlo pues el Consejo Nacional Electoral no tiene la organización suficiente para controlar a “don dinero” en las campañas. Y los procesos que se han iniciado por financiación ilegal, no han parado en nada, incluido el que “cursa” en la Comisión de Acusaciones.
Si Camilo viviera se habría convertido en símbolo de la inutilidad de la lucha armada y hubiera sufrido la profunda decepción de ver cómo del idealismo se pasó al negocio de la droga, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
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