El Gobierno nacional nunca defrauda. Ha decidido imponer una sobretasa de 8 pesos por kilovatio/hora a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y a los sectores productivos, comercial e industrial de todo el país para aliviar la crisis financiera de Air-e, que él mismo —como su interventor desde hace ya 19 meses— no ha sido capaz de resolver, como había prometido.

A simple vista, la medida anunciada como un “salvavidas” a la debacle de pérdidas y bajo recaudo mensual de la operadora encierra una realidad menos transitoria o temporal de lo que el ministro de Minas y Energía, el señor Edwin Palma, otrora agente interventor de la compañía, admite. El recaudo estimado de $235 mil millones en lo que resta de 2026 resulta marginal frente a un pasivo que asciende, por el momento, a $2,2 billones, luego de la toma.

Si lo que se busca es conjurar el riesgo sistémico que amenaza a los actores de la cadena energética nacional, afectados por la iliquidez de Air-e que no paga sus deudas ni honra sus compromisos, el asunto se cae por su propio peso. El cobro nacional, que se incorporará a la tarifa de energía de forma inmediata, una vez se expida la resolución, podría convertirse en una carga de largo aliento, incluso por 10 o más años, hasta que les cuadren los números.

Por consiguiente, aunque el incremento estimado en la factura rondaría el 1 % del valor total, su carácter acumulativo y sostenido en el tiempo implicará un impacto significativo en los costos energéticos de hogares, comercios e industrias. En otras palabras, no será un esfuerzo coyuntural de los colombianos ante la alarmante situación de la región Caribe y, aún peor, tampoco una solución definitiva ni estructural a la crisis sistémica de este sector.

Porque la sobretasa no se ocupa de las causas o del origen del problema. La iliquidez del sistema, también de Air-e e incluso de Afinia, que ya levantó la mano para ser integrada al mecanismo, responde a múltiples factores, como subsidios que la nación no paga, deudas de los usuarios oficiales, distorsiones regulatorias y protuberantes fallas en la gestión de la intervención. Ninguno de ellos se corrige con un recargo tarifario, presentado hoy como el sostén clave del sistema, con el que el Gobierno, que está de salida, apenas compra tiempo.

Ese enfoque, a su vez, desconoce un principio fundamental. Air-e fue intervenida por el Estado bajo el compromiso de estabilizar su operación y sanear sus finanzas. De modo que la responsabilidad de garantizar su viabilidad financiera recae en el propio Gobierno, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios, como lo establece el marco legal de la intervención. Trasladar ese peso u obligación al bolsillo de los usuarios, más allá de su nivel socioeconómico, equivale, en la práctica, a socializar las pérdidas de una gestión fallida —literal—, sin que medie una rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas desde la toma ni se conozcan sus estados financieros, como igual pasa con la intervenida Nueva EPS.

Como antes, como ahora, el Ejecutivo procede sin una adecuada planificación. Lo hizo cuando Petro prometió asumir la deuda de la opción tarifaria y, más adelante, al intervenir Air-e en un salto al vacío sin carta de navegación clara, precisa o definida que asegurara su sostenibilidad. Lo más desafiante es que en medio de esta tormenta las condiciones de por sí retadoras de Air-e, pueden empeorar con la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

Si las condiciones climáticas obligan a intensificar el uso de plantas termoeléctricas, el costo de generación aumentará. Y en el actual escenario de estrechez de energía firme, el recargo se sumará a una tarifa ya tensionada, lo que amplificará el impacto sobre todos los usuarios y elevará el riesgo de un deterioro generalizado en la capacidad de pago de Air-e. Es obvio.

No está de más recordar que, ante tan incierto panorama, la comercializadora completa tres meses sin agente interventor en propiedad, mientras sectores políticos del progresismo libran una pugna cerrada para quedarse con el codiciado cargo. Muchos creen que no hay quinto malo, pero eso aún está por verse, porque —aunque se llenen la boca señalando falsos dilemas sobre las salidas a la crisis—la verdad es que no piensan en la situación de los usuarios, que somos todos; no solo los de estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables, sin duda.

En consecuencia, la sobretasa no es la salida estructural que el Caribe necesita; si acaso un paliativo de largo plazo que puede perpetuar la distorsión del sistema. El gobierno Petro se equivoca: no puede eludir su responsabilidad ni convertir una intervención fallida en una obligación indefinida para los usuarios. Si su promesa fue estabilizar Air-e con recursos de la nación, el camino no puede ser cargar, durante quién sabe cuántos años, los hombros de quienes ya pagamos tarifas crecientes por un servicio que sigue sin ofrecer garantías plenas.