Al Gobierno “no se le puede eximir” de su responsabilidad con el río: Verano

La financiación por parte de los portuarios como una estrategia para llevar a cabo  la segunda campaña de dragado del año en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, abre el debate sobre el rol del Gobierno nacional y su responsabilidad para la creación de  planes y proyectos para  mantener la navegabilidad en el río Magdalena.

Frente al anuncio de la financiación del próximo dragado, en el que los portuarios asumirán el valor total, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que el Gobierno nacional “no se le puede eximir” su responsabilidad con el mantenimiento para la navegabilidad del río y el sector portuario de la ciudad. 

“Nadie puede eximir al Estado de su responsabilidad legal del mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Los portuarios, en buena hora, asumieron contribuir con el pago de este dragado, por las dificultades  que les generan las restricciones a sus propios negocios. Ellos (los portuarios) en su afán por la navegabilidad, terminan sustituyendo las labores del Gobierno, a cambio de unas compensaciones”, señaló el Gobernador. 

En recientes declaraciones, el director de Cormagdalena, Pedro Jurado confirmó a EL HERALDO que el convenio se encuentra en la etapa final de la elaboración con el apoyo brindado con las sociedades portuarias, donde los recursos para el dragado saldrían de los anticipos de las contraprestaciones de 2020 de los diferentes puertos, cuyo monto asciende a $3.000 millones.

Arranca en abril

Por su parte, José Fernando Curvelo, jefe de Asuntos Portuarios de la Alcaldía distrital, señaló que por las condiciones cambiantes del río se tomó la decisión de realizar una campaña que arrancaría en abril.

“El Distrito junto con Asoportuaria le llevamos la oferta a Cormagdalena, con el fin de realizar los trabajos antes de que se presente la emergencia, debido a que  el calado autorizado para el ingreso y salida de embarcaciones está en 8,9 metros, cuando debería estar por encima de 10 metros. No queremos que se vean afectadas las operaciones de los puertos y la competitividad de la ciudad”, señaló Curvelo.

Aunque el funcionario recalcó que la ley es clara al señalar que es competencia del Gobierno nacional el manteniendo del canal navegable, los recursos de la contraprestación serán usados para los trabajos en el río, donde el 40% se queda en Barranquilla y el 60%  va al Gobierno; precisamente sobre ese 60% es que se tomarían los recursos para el próximo dragado.

“Este es un apoyo desde Asoportuaria, pero la responsabilidad sigue siendo del Gobierno nacional. Esto es un tema de cambiar la modalidad porque no podemos esperar que aparezcan los recursos. Esta propuesta fue muy bien recibida por Cormagdalena, por que supone un adelanto a la eventual crisis que se pudiese presentar en el canal”, detalló el funcionario del Distrito. 

Un beneficio

El director ejecutivo de la Asociación de Puertos del Atlántico, Asoportuaria,  Alfredo Carbonell, aclaró que el beneficio de esta estrategia “es que se adelantaría” el pago de las contraprestaciones que se le debe cancelar al Estado en 2020.

“La contratación del dragado es una manera expedita y eficiente de  optimizar los recursos durante el tiempo que se necesite”, señaló el portuario.

El presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, René Puche, señaló que los trámites se están realizando a través de Asoportuaria, donde se removerían aproximadamente 200 mil metros cúbicos de sedimento, 100 mil en Bocas de Ceniza y otros 100 mil en el kilómetro 14.

Según la Dirección General Marítima, en su último boletín, el río Magdalena ha perdido profundidad, desde el último dragado en enero pasado, por lo que es  necesario que se remueva el sedimento especialmente en Bocas de Ceniza, uno de los puntos más críticos del canal navegable. 

Portuarios esperan que en junio ya entre en funcionamiento la draga que estará permanente por dos años, hasta entrada en funcionamiento de la APP.