Dos contratos para la operación de servicios en la ESE UNA fueron terminados de forma unilateral por el agente interventor Fredys Socarrás. El anuncio se hizo este miércoles, previo a un recorrido del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las sedes de la red pública departamental de salud.
EL HERALDO pudo establecer que el primer contrato que fue terminado corresponde a la prestación de servicios farmacéuticos por -valor de $241 mil millones, por un plazo de 15 años– con la UT Servicios Farmacéuticos del S&D.
La decisión se encuentra sustentada, de acuerdo con la resolución expedida por la ESE UNA, en que “es un contrato totalmente inconveniente y desproporcionado en favor del tercero, tampoco se justifica el plazo tan excesivo, la inversión del contratista de $3.109 millones no se evidencia, valor fijo entregue o no medicamentos”.
En la resolución también se anota que, según el análisis jurídico-financiero efectuado por el equipo del agente interventor, se determinó que el contrato resulta “lesivo” para el patrimonio público, “por cuanto contienen obligaciones que comprometen vigencias futuras por un plazo excesivo a 15 años, excediendo lo que resulta razonable y proporcional a las necesidades del servicio, en desconocimiento del principio de sostenibilidad fiscal”.
El segundo contrato que fue terminado de forma unilateral corresponde al servicio de laboratorio clínico, que fue suscrito por el orden de los $85.563 millones con la Unión Temporal ESE UNA.
Frente a este caso, el interventor sostuvo en la resolución expedida que se trata de un “contrato leonino” que se encuentra mal estructurado, en el sentido que se confunde una tercerización con un contrato de suministro de insumos con comodato.
“El plazo a 15 años es excesivo, dado que no se trata de una APP y se está frente a un incumplimiento contractual, dado que no provee el servicio integral y la ESE debe celebrar contratos adicionales para complementar el servicio de laboratorio, además opera con personal directamente contratado por la ESE”, se lee.
Además, se alertó que “hay omisión de la administración en declarar el incumplimiento y terminar el contrato. Y no se evidencia la inversión de $8.500 millones para equipos que debe aportar el contratista. No se trata de un contrato tercerizado sino que se trata de un contrato de insumos”.
En ambos casos, se expone que “su ejecución en las condiciones actuales compromete el cumplimiento de los fines estatales y la correcta gestión de los recursos públicos, configurándose así la causal que habilita el ejercicio de la clausula de terminación unilateral”.
Otro de los puntos anotados en las resoluciones corresponde a una presunta “inseguridad jurídica” en el ejercicio de la supervisión e interventoría contractual, debido a que “a pesar de las solicitudes formales elevadas, no se encontró un informe consolidado, ni mucho menos el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contractual, circunstancia que vulnera lo dispuesto en el articulo 83 de la ley 1474 del 2011, que impone a los supervisores o interventores la obligación de ejercer control y seguimiento efectivo sobre los contratos estatales y contraviene la planeación contractual, lo anterior incorporado en el manual de contratación de la entidad”.
Al respecto, la diputada Alejandra Moreno aseguró -a través de sus redes sociales- que “al cumplirse un mes de intervención a la ESE UNA, el gobierno muestra resultados con la culminación unilateral de dos contratos que estarían afectando las finanzas de la red hospitalaria del Atlántico”.
Además, sostuvo que la Contraloría y la Procuraduría serán notificados de los hallazgos que hizo el agente interventor Freddy Socarrás “para que proceda con las investigaciones pertinentes”.
