La crisis tarifaria que se vive en el Caribe colombiano ha sido un tema constante en la agenda nacional ante el malestar entre las comunidades por los altos costos que tienen que pagar los usuarios por el servicio de energía eléctrica.
En medio de esta coyuntura, algunos senadores de la bancada Caribe, líderes gremiales y representantes de usuarios han hecho una serie de exigencias al Gobierno nacional para que implementen acciones que permitan un alivio en las tarifas de energía.
Si bien el presidente Gustavo Petro anunció desde Barranquilla que se procederá a la titularización de la deuda del componente de la opción tarifaria, que asciende a $4.8 billones, aún falta mucho por hacer para que los usuarios de la Costa Caribe cuenten con tarifas competitivas.
Otro de los reclamos por parte de distintos sectores corresponde a la falta de inversión en la infraestructura eléctrica del Caribe, que según los expertos es obsoleta. Esta deficiencia se ve reflejada en el costo que los usuarios deben pagar por las pérdidas técnicas, sumado a las pérdidas por fraude.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño se anunciaron una serie de reformas en el país. Entre ellas se encuentra la Ley 142 de 1994, que corresponde a la ley de Servicios Públicos.
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Esta iniciativa no ha sido muy bien recibida por algunos sectores. Una las causas es que se le estaría entregando facultades al presidente de la República para regular directamente los servicios públicos domiciliarios, un régimen tarifario y un mínimo vital en acueducto, luz, gas natural y servicios mínimos de tecnología, pero también contempla todo lo referente a las Comunidades Energéticas que ya se adelantan en el país.
Durante la tertulia ‘En busca de soluciones para la crisis tarifaria en la región Caribe’, realizada por EL HERALDO, los participantes se refirieron a las implicaciones que tendría la mencionada reforma.
El senador del Pacto Histórico Pedro Flórez no dudó en respaldar dicha iniciativa. El parlamentario del oficialismo insistió en la necesidad de la reforma, argumentando que la ley actual “se quedó corta”.
Si bien el congresista reconoció que esta contiene las herramientas para encontrar una salida a la actual crisis energética y tarifaria, también carece de otros recursos que garanticen la igualdad y calidad en los servicios públicos.
A su turno, el senador liberal Mauricio Gómez fue enfático en rechazar esta reforma si se llegara a presentar: “Yo no le daría esa herramienta al presidente, porque yo no confío en este Gobierno”.
El congresista liberal dijo que cuando se conoció la propuesta de hacer esa reforma, no lo vio mal; sin embargo, insistió en que con lo que ha pasado con la salud de los maestros del país no da su voto. “Miren lo que pasó con el Fomag, el presidente dijo que el experimento no funcionó. Nosotros somos el experimento de este Gobierno”.
Asimismo, Didier Lobo, senador de Cambio Radical, señaló que “le preocupa” que esta reforma pueda ser una “cortina de humo”, de parte del Gobierno.
“El presidente está ensañado a poner cortinas de humo y esto puede servir de cortina de humo, para seguir aquí con el problema de los altos costos de tarifas, y entonces van a decir, que cuando se modifique la ley 142 es que comenzaremos a darle solución”, expuso.
Por su parte el senador del Centro Democrático Carlos Meisel sostuvo que durante un encuentro en la Casa de Nariño le dijo “presente la reforma para conocerla, pero esto no puede ser hoy un factor distractor, porque las herramientas para arreglar los problemas en el Caribe las tiene”.
Reiteró que desde la oposición se considera como “nocivo el Gobierno”, porque según el senador este gobierno le ha generado “ daños al país y como sociedad, pero eso no quiere decir que en el tema de energía, le podemos decir al Gobierno, aquí estamos para trabajar”.
El congresista de Cambio Radical reconoció que no conoce el borrador de la reforma y por esa razón no puede hacer un juicio o “satanizarla”, pero reiteró que no debe ser “una cortina de humo para que los caribeños sigamos con el problema que hemos venido padeciendo durante muchos años”.
Por otro lado, el senador de la U, José David Name, dijo conocer bien la Ley 142 y la 143, porque el autor de estas dos leyes fue su padre, José Name (fallecido).
Puso de presente que esta ley cuenta con toda las herramientas para sacar adelante el tema de los servicios públicos: “En un futuro, lo podrán decir los del sector energético, se puede necesitar una reforma, pero con la actual está bien”.
Otro de los parlamentarios que respalda que no hay necesidad de reformar la actual ley de Servicios Públicos es el senador conservador Efraín Cepeda.
Así como el senador Lobo, el congresista conservador dijo desconocer el borrador de la reforma; sin embargo, coincidió con otros senadores que la Ley 142 tiene los instrumentos para ponerlos a andar. “Hoy no es necesaria esa ley para adoptar las soluciones que se vienen reclamando y que incluso el propio Gobierno ha reconocido”.
Dijo, además, que lo que se necesita es tomar acción: “No podemos esperar una ley de servicios públicos para que se solucione el problema”.
Desde Andesco
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), señaló que si algo se ha logrado en este momento, es que el Gobierno –que quería todo público– se dio cuenta que eso no es tan bueno. “El Gobierno se ha dado cuenta que se necesita lo público, lo privado y lo mixto”, expuso el líder gremial.
Además, destacó que “gracias a las generadoras privadas no tuvimos el apagón en Colombia. No fue propiamente porque hayamos tenido empresas públicas que nos estén salvando en este momento. Entonces, esa parte es muy importante”.
Sánchez aclaró que si es necesario actualizar la ley porque ya han pasado 30 años desde su creación y “hoy tenemos medidores inteligentes, tenemos nuevas tecnologías que tenemos que incorporar en este momento”.
Una de sus preocupaciones es que a la Superintendencia de Servicios Públicos se le entreguen muchos poderes: “Aquí el superintendente quiere, por ejemplo, ser el superintendente de los superintendentes. No, la Superintendencia no puede ser que pongan multas demasiado costosas porque se vuelven expropiatorias”.
En ese sentido, reiteró que de presentarse la reforma se tiene que revisar de manera efectiva: “Eso se hace con diálogo y no con imposición”.
Reacciones de expertos
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía y experto en temas energéticos, sostuvo que el proyecto de reforma pretende entregar atribuciones regulatorias al presidente de la República, además de la fijación de tarifas.
“Esto significaría un cambio funesto que pondría en riesgo la prestación del servicio toda vez que ello atentaría contra la estabilidad y la seguridad jurídica, que ahuyentaría la inversión y a los inversionistas, de los cuales no se puede prescindir sin poner en riesgo la confiabilidad y la firmeza en la prestación del servicio público, ya que los criterios que primarían serían políticos y no técnicos”, dijo.
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También advirtió que el proyecto propone darle “poderes excesivos de intervención” a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Caribe, en una nueva ley es esencial el bienestar de millones de usuarios. “La competencia del sector empresarial debe quedar con todo rigor la aplicación del debido proceso, que está estipulado como un derecho fundamental en la Carta Magna; por lo cual, es esencial que el contrato de condiciones uniformes entre las empresas prestatarias y los usuarios no quede su redacción a discreción de dichas empresas –como está actualmente en la Ley 142–, sino que las ligas y organizaciones de usuarios, como los vocales de control, debe tener la potestad de incidir en dicha redacción de manera inequívoca”, dijo el líder de los usuarios.
Sector de las generadoras
Camilo Marulanda, presidente de Isagen, cuestionó la señal que se le envía al sector privado con una reforma a la Ley de Servicios públicos.
“Mientras se discute una ley como estas nadie quiere invertir porque esto genera incertidumbre y lo último que necesitamos es más incertidumbre. Con los elementos que tiene la ley se pueden tomar decisiones, es un tema de ejecución”, señaló.
En ese sentido, mencionó las inversiones que Isagen que vienen realizando en el país: “En los últimos cuatro años hemos invertido $4 billones y los próximos tres años vamos a invertir cuatro más. Son $8 billones de inversión en un país como Colombia hoy no es fácil, pero hay que dar señales para que la gente también invierta”.
Advierten de aspectos “perjudiciales” para los servicios públicos
A través de un comunicado, Andesco advirtió que en el borrador de la reforma a Servicios Públicos se identificaron aspectos “perjudiciales” para la prestación en el país.
El primero de ellos es con respecto a la atribución de facultades regulatorias directas que se le darían al presidente de la República, que podría hacer que decisiones técnicas de las comisiones reguladoras sean reemplazadas por prioridades políticas.
“Esto contraviene una decisión reciente del Consejo de Estado que suspendió la reasunción de funciones regulatorias por parte del presidente. En ese sentido el presidente podría modificar las estructuras de los ministerios de: Vivienda, Minas y Energía, Tic, Medio Ambiente y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, expuso el gremio.
Otro punto que cuestiona es que se le conceden poderes excesivos al superintendente de Servicios Públicos, incluyendo funciones jurisdiccionales y la capacidad de imponer multas confiscatorias sin criterios claros. Además, el superintendente podría suspender los servicios no domiciliarios: “Esto podría llevar a arbitrariedad e ineficiencia, perjudicando a los usuarios”.
Además, aseguró Andesco que se propone establecer mínimos vitales para todos los servicios, incluidas las TIC, sin especificar nuevas fuentes de financiación.
“En el contexto de restricciones fiscales y decrecimiento económico, esto aumentaría el déficit y pondría en riesgo la suficiencia financiera de las empresas”, recalcó.
