La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la exgerente del Hospital Universitario Cari Rocío Gamarra Peña por presuntas irregularidades en la contratación.
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En un fallo de primera instancia, la Procuraduría dijo que la medida comprometía a la funcionaria que estuvo gerenciando la institución hospitalaria entre 2016 y 2019, por contestar de manera directa más de $3.000 millones.
El Ministerio Público señala que Gamarra celebró directamente con la empresa Salud Grupal IPS Ltda. 11 contratos con el mismo objeto y el mismo contratista, por una suma que superaba los 2.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes, lo cual le impedía a la ESE fraccionarlos.
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La norma de contratación le exigía llevar a cabo una convocatoria privada de ofertas para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presentaran sus propuestas acerca de las obras, bienes o servicios requeridos.
A juicio del ente de control, Gamarra Peña transgredió principios de la contratación de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales, incluso aquellas que cuentan con régimen excepcional como es el caso de las ESE, al desconocer el requisito legal referente a la unidad propia del objeto contractual.
{"titulo":"Los peajes en el Atlántico y Bolívar seguirán, aunque se acabe la concesión","enlace":"https://www.elheraldo.co/archivo/los-peajes-en-el-atlantico-y-bolivar-seguiran-aunque-se-acabe-la-concesion-1073609"}
La Entidad puntualizó en el auto sancionatorio que el debido proceso, transparencia, moralidad, imparcialidad, igualdad y el deber de selección objetiva, entre otros, 'tienen como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas por la
Administración durante la actividad contractual se cumplan con eficiencia y eficacia agotando los trámites estrictamente necesarios (…)'.
{"titulo":"EH verifica: ¿se vieron ovnis en el Atlántico y otros departamentos?","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico/eh-verifica-se-vieron-ovnis-en-el-atlantico-y-otros-departamentos-1073597"}
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico calificó la falta de la exfuncionaria como gravísima, a título de culpa grave.
Finalmente precisó el Ministerio Público que, si la sancionada cesó en sus funciones o no fuera posible la ejecución de la sanción, se convertirá el término de suspensión en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta.
