Luego de una auditoría financiera de la vigencia 2022 realizada al Instituto Nacional de Vías (Invías), la Contraloría General de la República reportó un presunto detrimento patrimonial por $1.008 millones debido al pago de honorarios y gastos por el tribunal de arbitramento por las obras del nuevo puente Pumarejo.
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Dicha situación se remonta al 18 de diciembre de 2019, cuando Invías aceptó la solicitud del contratista (Consorcio SES Puente Magdalena) de modificar el contrato para acudir a la justicia arbitral. De esa manera se incumplieron las condiciones establecidas en una directiva presidencial, así como se hizo caso omiso a un concepto de su Oficina Jurídica y del interventor del contrato.
De acuerdo con el órgano de control, el hallazgo fiscal corresponde a la firma de un otrosí al contrato de obra. En el mismo se incluyó una cláusula que establecía que la resolución de cualquier controversia por el proyecto sería resulta por un tribunal de arbitramento.
'Se constituyó en una gestión antieconómica de los recursos públicos', expuso la Contraloría, que agregó que la Oficina Jurídica del Invías había entregado un concepto desfavorable a dicha solicitud.
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En su concepto, la Oficina Jurídica del Invías recomendó que se acudiera a la conciliación extrajudicial para resolver cualquier conflicto. Dicha instancia se adelantaría ante el Procurador Judicial Administrativo y el acuerdo resultante, sería aprobado por el Juez Administrativo competente.
La Contraloría recalcó que la Oficina Jurídica del Invías también conceptuó que el mecanismo recomendado es gratuito, mientras que el procedimiento arbitral 'resultaría muy costoso para la entidad'.
Cabe recordar que, en 2020, la Contraloría había indicado –durante una auditoría de cumplimiento– que el otrosí se configuraba en una observación de tipo fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se había presentado el hallazgo fiscal debido a que no había realizado pago alguno.
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'La gestión del Invías resultó antieconómica, puesto que aceptó pactar una instancia arbitral cuando las obras del puente estaban casi terminadas, teniendo ya pactada y disponible la justicia ordinaria, omitiendo el cumplimiento de lo exigido en una directiva presidencial y desatendiendo las objeciones de su propia Oficina Jurídica y del interventor de las obras', aseguró el contralor delegado del sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía.
