Cormagdalena se salvó de pagar más de 20 millones de dólares con el fallo emitido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, tras una demanda interpuesta en 2019 por dos sociedades portuarias de Barranquilla contra la entidad estatal.
Los argumentos para el recurso legal, elevados por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y la sociedad portuaria Barranquilla International Terminal Company S.A. (BITCO), se basaron en presuntos incumplimientos en la obligación de mantenimiento del canal de acceso y el pago indebido por el concepto de contraprestación.
Pretendían que se reconocieran los daños y perjuicios ocasionados por bajo calado en la prestación de los servicios portuarios establecidos en los contratos de concesión entre los años 2015 y 2019. Buscaban que Cormagdalena asumiera la obligación de restablecer el equilibrio económico de dichos acuerdos.
Además, exigían la extensión del plazo de la concesión hasta que se recuperara la suma equivalente a dichos perjuicios. En el caso de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, el contrato finaliza en 2033, mientras que la de Bitco se extiende hasta 2037.
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'Es una decisión histórica'
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó que el fallo se convierte en una decisión histórica que será fundamental y trascendental para el sector y Cormagdalena.
'Es una decisión histórica en la que se defendió con argumentos serios y juiciosos, destacando un resultado absolutamente categórico de ahorro de más de 20 millones de dólares, con unos precedentes que serán fundamentales para la navegación y para los proyectos que adelanta la Corporación', expresó.
Por su parte, el director (e) de Cormagdalena, Álvaro Redondo, reiteró que tanto el Gobierno nacional como la Corporación se encuentran satisfechos y tranquilos con este fallo, porque los exime de pagar una millonaria demanda y les permite seguir enfocados en los objetivos que se tienen con la navegabilidad en el río Magdalena.
'Esos recursos no los tenía Cormagdalena y había tenido que buscarlos con el orden nacional. Hoy tenemos un fallo de casi 300 páginas donde hemos hecho una defensa bien justificada porque se evidenció que en los contratos de concesión, si bien nos
obliga a hacerle mantenimiento al dragado, no nos habla de mantener unas profundidades específicas. Es decir, una condición más de método que numérica', dijo el directivo.
Redondo sostuvo que el fallo les permite seguir concentrando esfuerzos en conservar y mantener navegable el río Magdalena, la competitividad del país y contribuir al bienestar de las comunidades ribereñas.
'Seguiremos en esa misma línea, defendiéndonos de todas estas demandas que con otra decisión nos hubieran puesto en jaque la supervivencia no solamente de la Corporación, sino de los proyectos que tenemos en el futuro', señaló.
De acuerdo con el funcionario, actualmente se cuenta con una estabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. 'Las batimetrías se siguen ajustando a los niveles de diseño del canal y seguimos manteniendo un calado de 10 metros de profundidad'.
'Aceptamos el fallo'
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla se pronunció sobre la decisión tomada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ante la denuncia interpuesta en contra de Cormagdalena.
En respuesta a EL HERALDO, la compañía portuaria manifestó que acepta el fallo emitido y procederá a revisar los pormenores del mismo. 'Aceptamos el fallo y estamos revisándolo'.
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Otras reacciones
Pedro Pablo Jurado, quien se desempeñó como director de Cormagdalena entre enero de 2019 y agosto de 2022, expuso que esta decisión respalda la gestión que se adelantó en la entidad en la defensa de los intereses de la nación.
'Lo hicimos en el caso de Odebrecht, en el cual resultamos victoriosos ante la pretensión multimillonaria en contra de Cormagdalena. Lo hicimos en este proceso en el que se pretendían cifras exorbitantes por condiciones que siempre demostramos jurídicamente que eran inexistentes y no eran imputables a la entidad', sostuvo.
Entretanto, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, precisó que si bien la demanda fue adelantada exclusivamente por la Sociedad Portuaria de Barranquilla y no la Asociación, el Gobierno nacional es el responsable de mantener la navegabilidad en el río Magdalena.
Por ello, indicó que desde Asoportuaria se presentó una acción popular –que no tiene pretensiones económicas– ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que se garanticen unas buenas condiciones en el canal de acceso.
'Uno no puede entender la navegabilidad como nos ha venido pasando en los últimos años y es una alta inestabilidad y unos calados poco competitivos que
nos dejan en una desventaja frente a puertos vecinos', dijo Ariza, quien destacó que el recurso legal fue admitido por el Tribunal.
El dirigente gremial precisó que 'el Gobierno es el responsable de mantener la navegabilidad, que históricamente no lo venía haciendo bien, y que sí hay unas condiciones y proyectos para profundizar el canal a 12 metros, es para que se cumpla. Lo que esté por debajo de eso, está fuera del diseño de las capacidades del puerto y no es conveniente ni para las terminales ni para todos los usuarios del puerto'.
