Ante el Consejo de Estado, el alcalde Jaime Pumarejo radicó una demanda de nulidad contra la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas (Creg), con el objetivo de lograr una reducción en la tarifa que pagan los usuarios de los operadores Air-e y Afinia en el Caribe.
Según el mandatario distrital, se trata de un 'acto de justicia y equidad' con los usuarios de la Costa para que no sigan sufriendo un golpe mes a mes en las tarifas del servicio de energía eléctrica.
{"titulo":"Alcalde Pumarejo interpone demanda de nulidad contra resolución de la Creg ","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/distrito-presento-demanda-de-nulidad-contra-resoluciones-de-la-creg-918343"}
'Estamos hablando en nombre de millones de familias que injustamente pagan un servicio caro, porque no se hicieron las inversiones que en su momento se requerían. Por eso nos hemos unido a los alcaldes de las capitales del Caribe para buscar alternativas. Lo que queremos es, desde nuestros mandatos, seguir ayudando a que la Costa norte de Colombia pueda seguir superando la pobreza, el desempleo, y esta es una situación que, sin duda, se convierte en un obstáculo', sostuvo Pumarejo.
A la iniciativa de buscar una reducción en las tarifas de energía se sumaron los alcaldes Carlos Ordosgoitia, Montería; José Bermúdez, Riohacha; William Dau, Cartagena; Andrés Gómez, Sincelejo, y Mello Castro, Valledupar, quienes recientemente participaron en una cumbre sobre el tema y firmaron una declaración en la que expresan su inconformidad ante la situación.
Esquema tarifario
Cabe recordar que el esquema regulatorio de la Creg derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62.5 % –o si se compara con la llamada 'opción tarifaria', del 33.4 %– entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’.
Por esa razón, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía: un hogar de estrato uno de Bogotá paga, en promedio, $36.039; mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla recibe una factura promedio de $90.526.
Financiación del Gobierno
Una de las alternativas para resolver esta situación es que el próximo Gobierno asuma la financiación necesaria para que las tarifas regresen a los niveles de hace un año, cuando no habían empezado los incrementos 'exorbitantes' que actualmente padecen los hogares.
'Una manera de llevarlo a cabo sería la creación de un Fondo Regional de Estabilización de Precios, con recursos públicos que compensen de manera directa los incrementos de los costos de la energía, para lo cual también convocamos el acompañamiento del Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio', se expone en la declaración firmada por los alcaldes de las capitales del Caribe.
Según el alcalde de Barranquilla, la falta de vigilancia del Gobierno generó lo que está ocurriendo en este momento. 'Ambas situaciones crearon un escenario en el que los usuarios pagan por lo que se hizo mal en el pasado'.
De acuerdo con las autoridades, la región Caribe tiene una 'condición particular' debido a que se dan altas temperaturas, que naturalmente disparan el consumo energético y el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones del interior del país.
El incremento está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que según el Dane representan el 54,4 % de la población general; adicionalmente, el 94 % de la subnormalidad eléctrica se concentra en el Caribe colombiano. La afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa.
¿Qué dice la ley sobre el sistema tarifario en el Caribe colombiano?
Según la Ley 1955, que fue expedida por el Congreso de la República en 2019, se definió un régimen transitorio especial en materia tarifaria para distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe. Dicha ley fue firmada por los entonces senadores Ernesto Macías Tovar, Gregorio Eljach Pacheco, Alejandro Carlos Chacón Camargo, y Jorge Humberto Mantilla Serrano.
Específicamente en su Artículo 318, asegura: 'con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio de energía eléctrica en el Caribe, teniendo en cuenta el estado de Electricaribe S.A. E.S.P. al momento de su intervención, autorícese al Gobierno nacional establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización del actual mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. o sus empresas derivadas que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Para estos efectos, los límites en la participación de la actividad de comercialización de energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales al límite regulatorio corriente', indica el documento.
Al revisar el decreto 1645 de 2019, firmado el 10 de septiembre de 2019 por la entonces ministra de Minas y Energía, María Suárez Londoño, el presidente Iván Duque y la directora nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso, deja claro que 'los lineamientos para el establecimiento de ese régimen transitorio especial en materia tarifaria deben considerar características diferenciales, así como las particularidades propias de la Costa, en pérdidas de energía, calidad del servicio y fecha de reconocimiento de activos, en la medida que son determinantes para la urgente recuperación de la prestación eficiente del servicio en dicha región'.
En el mismo documento, reza que según el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y en el Decreto 1645 de 2019 se le asigna la función de definir o aprobar, según corresponda, las metodologías y fórmulas para la determinación de las tarifas asociadas a la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe como: pérdidas de energía, calidad del servicio y fecha de reconocimiento de activos, en la medida que son determinantes para la urgente recuperación de la prestación eficiente del servicio de energía en dicha región del país. Siendo así, el Gobierno fue quien facultó a la comisión establecer las tarifas de energía para la Costa.
'Hay que buscar mecanismos para que pérdidas no sean asumidas vía tarifas'
El presidente ejecutivo del Comité Intergremial en Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, dijo que respaldan la decisión del alcalde Jaime Pumarejo de interponer una demanda de nulidad contra la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas (Creg), porque con base en esta es que los operadores Air-e y Afinia están aplicando incrementos en tarifas de energía para compensar las pérdidas, situación agravada por la falta de inversión en mantenimiento e infraestructura por parte del anterior operador.
'Es importante buscar otros mecanismos para que las pérdidas no sean asumidas, vía incremento en las tarifas por los usuarios, como la propuesta del alcalde Pumarejo, respaldada por los mandatarios de las otras capitales de la región de crear un Fondo Regional de Estabilización de Precios, con recursos públicos que compensen los costos de energía', precisó Cepeda.
Agregó que 'nosotros también hemos planteado la creación de un régimen tarifario especial para el Caribe que incluya un aumento del número de kilovatios subsidiados. Así como una inversión pública del Gobierno en infraestructura del sistema de distribución de energía eléctrica para acelerar la estabilización del servicio y reducir las pérdidas', puntualizó Cepeda Tarud.
{"titulo":"Bancada Caribe 'preocupada' por falta de propuestas de oferentes sobre APP","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/bancada-caribe-se-pronuncia-por-falta-de-propuestas-de-app-del-rio-916703"}
Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez rechazó el alza de las tarifas de energía en el Caribe. Asimismo manifestó su apoyo a la gestión del alcalde Jaime Pumarejo en presentar demanda de nulidad contra el incremento de las tarifas de energía en los territorios.
'Hay que combatir la pobreza monetaria y crisis económica que viven casi la mitad de los colombianos a través del aumento de servicios públicos, ya que es un camino en contravía al desarrollo y a la reactivación económica. Es indolente e injusto. El Gobierno y la Creg no pueden ser apáticos con la realidad del Caribe, la regulación actual tiene un impacto tarifario muy alto sobre el usuario final, que debe ser analizado y ajustado por las autoridades competentes', aseveró.
Además, solicitó al Gobierno que actué con prontitud: 'Se deben constituir mesas técnicas con participación de autoridades territoriales de la Costa en donde podamos garantizar equidad a la población de la Costa, conforme al establecimiento de un precio justo a través de una tarifa diferencial y la participación activa de las instituciones competentes como la Creg y las entidades territoriales para proponer salidas a esta crisis que viene de años atrás, teniendo en cuenta el sentir y la necesidad de los departamentos'.
