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Actuar con firmeza para 'evitar abusos' y para dar con 'responsables' que promueven los robos de tierras, son dos de los asuntos que vienen adelantando las autoridades judiciales y órganos de control en Barranquilla y que fueron citados este viernes por el alcalde del Distrito Jaime Pumarejo sobre la postura que se ha tomado frente casos registrados recientemente.

Pumarejo, en entrevista con un medio radial, aseguró que la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, armó 'una mesa de trabajo local con la Fiscalía y Policía, y hoy estamos trabajando muy duro para evitar que haya abusos con invasiones. Nosotros lo que hacemos es servir como transmisores, pero al tiempo nos aseguramos que las órdenes de las inspecciones de la Policía se respondan con firmeza, porque estos son los ahorros de grandes desarrolladores urbanos de Barranquilla, también pequeños desarrolladores urbanos y de madres viudas que les han quitado sus propiedades'.

'Argos es nuestro mayor tenedor de tierras y desarrollador urbano, y mayor pagador de impuestos en Barranquilla', recalcó.

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Puntualmente se refirió al tema del Grupo Argos y un litigio que mantiene desde hace ya algún tiempo con una persona natural por la tenencia de parte de un lote apostado junto a la Vía al Mar, de 65 hectáreas y que tiene como nombre Santa Isabel. Según lo que describe esta persona 25 hectáreas de ese terreno le fueron heredadas por un familiar y, mediante tutelas y otros trámites judiciales, ha tratado de tener dominio del lugar.

'Ayer (jueves) hubo una intervención en el mencionado predio, en donde se desmontaron unas construcciones ilegales, que no deberían estar ocurriendo', agregó el mandatario.

Frente a esa misma acción, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público indicó este viernes que luego de la intervención realizada el lunes de Carnaval en el predio y cumplido el plazo solicitado por los ocupantes para aportar la documentación sobre los permisos de licencias de construcción, 'el personal de la secretaría se acercó al lugar y corroboró que efectivamente sí se cumplió con el compromiso pactado de la adecuación voluntaria a la norma'. Es decir, las personas que habían ingresado al lote de manera irregular terminaron derribando una 'caseta', en donde se tenía previsto el acopio de material de construcción.

Con respecto al litigio, la Secretaría estableció que se está 'pendiente por la titularidad del bien', y 'debe ser resuelto por la justicia ordinaria'.

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Por otro lado, el alcalde Pumarejo anunció que se 'encenderá una luz en procesos y actuaciones donde creemos que hay intereses indebidos'. Agregó que 'no puede ser que un modus operandi, que mediante movimientos oscuros, hagan trámites para robarse la tierra a la gente. Estamos de acuerdo que es un problema'.

Propuso que, a futuro, se debería cambiar la manera de cómo se administran y vigilan esos procesos de mantenimiento y actualización de las propiedades. 'Como lo tenemos hoy se presta para muchas malas mañas: hay demasiados trámites, notarias, instrumentos públicos, catastro, demasiados actores, se pierde la cadena de custodia de la información, se pierde la posibilidad de hacer una buena vigilancia'.