Durante los últimos meses, algunas entidades encargadas de realizar trámites catastrales en el Atlántico han estado en el ojo del huracán debido a investigaciones por presuntas irregularidades en su actuar.
Las oficinas de Instrumentos Públicos de Soledad y Barranquilla, así como la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla han estado inmersas en polémicas debido a posibles anomalías en los trámites y prestación de servicios.
El último caso corresponde a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, que a finales de diciembre del año anterior fue intervenida debido al creciente número de quejas por anomalías en la prestación de los distintos servicios.
'Estamos en la espera del informe final del equipo interventor; ese documento contiene todas las pruebas que se recopilaron en la intervención y con relación al funcionamiento del servicio registral en esa oficina', dijo la superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García, en diálogo con EL HERALDO.
Esa no fue la primera vez que esta entidad es sometida a una intervención. En febrero de 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro ya había adelantado una intervención de segundo grado debido al alto volumen de quejas.
'No se permitirán hechos de corrupción en la Oficina de Instrumentos Públicos, ni en ninguna otra. Tomaremos las medidas cuando las investigaciones arrojen los primeros resultados', agregó García, quien ha estado al frente de los procesos investigativos en contra de las distintas oficinas en cuestión.
Nueva crisis. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla volvió a ser noticia a inicios del presente año, debido a que la dependencia no prestó sus servicios por cerca de 15 días por una falla en el sistema, situación que tendría relación con fluctuaciones en la prestación del servicio de energía.
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En medio de esas coyunturas se volvieron a evidenciar irregularidades en la prestación del servicio, recalcando las falencias que conllevaron a la intervención durante el mes de diciembre.
Cabe recordar que la Superintendencia, en la exposición de motivos de la intervención, expuso que en la Oficina de Instrumentos Públicos se han evidenciado falencias en el reparto diario de documentos sometidos a registro, atraso en la calificación de los actos, la indebida confrontación de las matrículas inmobiliarias, así como problemas en los procesos jurídicos.
Adicionalmente a eso, la superintendente García no ha descartado –en reiteradas oportunidades– que en este tipo de oficinas estén presentándose trámites ilegales, que tendrían relación con redes de estafadores inmobiliarios y robo de tierras.
'Hemos evidenciado anomalías más delicadas, que están relacionadas con falta de pago de los derechos de registro en algunas actuaciones y falta de pago del impuesto de registro en otras, así como actualización y corrección de áreas de los inmuebles sin el lleno de requisitos', dijo.
Por esa razón, desde la Superintendencia se viene trabajando –de forma articulada– con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias.
Las investigaciones
Desde la Procuraduría General de la Nación se viene liderando una ‘cruzada’ en busca de soluciones a la problemática de robo de tierras que está afectando a la ciudadanía en Soledad, Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta y Barranquilla.
El Ministerio Público viene adelantando una indagación preliminar –en contra de funcionarios por determinar– debido a las presuntas irregularidades relacionadas con invasión de tierras.
Además, en noviembre del año anterior, la procuradora Margarita Cabello –en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico– realizaron una 'reunión de alto nivel' para analizar la situación y definir una hoja de ruta para la atención de los distintos casos.
En ese momento, la funcionaria puso de presente que se ha evidenciado un 'alto nivel' de corrupción en distintas entidades, entre ellas, las encargadas de distintos trámites con la propiedad inmobiliaria.
'En los procesos de tierras, titulación y posesión tienen participación una serie de entidades, comenzando por la Registraduría, la Oficina de Instrumentos Públicos, que es donde está el documento original; Notarías, que hacían escrituras que estaban muertas y las recuperaban', explicó.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, indicó que detrás de ese tipo de casos se encuentran bandas criminales como el Clan del Golfo, las cuales llegan a 'permear' distintas entidades para cumplir su cometido.
En más de una oportunidad, gremios y empresas del Atlántico se han unido para alertar a las autoridades sobre esta situación, que amenaza a miles de familias: desde los propietarios hasta los terceros que adquieren dichos terrenos que nunca pueden ser registrados.
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La destitución de registrador en Soledad
La Superintendencia de Notariado y Registro, en octubre del año pasado, confirmó la destitución e inhabilidad por 11 años del registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, David De Castro Macías, por incurrir en faltas 'graves' en el cumplimiento de deberes y por abusar de su cargo.
De acuerdo con lo expuesto por la entidad, el registrador de Instrumentos Públicos de Soledad incurrió en conductas 'dolosas y gravemente culposas' al inscribir un inmueble que era del Ministerio de Comercio Exterior, aún teniendo conocimiento de que en este caso se había proferido un fallo en medio del litigio; razón por la cual, no se podía hacer el registro del inmueble.
En su defensa, De Castro indicó que la decisión de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Supernotariado –en segunda instancia– no tuvo en cuenta los preceptos de antijuricidad y exclusión de la responsabilidad, ya que sus actuaciones fueron ordenadas por un juez.
'Siempre actué dándole cumplimiento a una orden judicial, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada', expuso De Castro.
Cabe anotar que, durante la última intervención, en la Supernotariado se identificaron turnos para trámites registrales.
Además se detectó que algunos funcionarios omiten, o no exigen, el pago de impuestos de la Gobernación al momento de radicar los documentos.
En la intervención también se halló que se han bloqueado los folios de matrícula, incluso por años y sin razón alguna, 'afectando los trámites a la ciudadanía'.
La disputa por el control de la Curaduría Urbana
A finales de septiembre del año pasado, el sector constructor estuvo prácticamente paralizado debido al 'funcionamiento paralelo' de dos oficinas de la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla.
Dicha situación se presentó una 'batalla judicial' por el control de la entidad, luego del concurso de méritos que se realizó para la designación de un nuevo curador en propiedad.
Guillermo Ávila Barragán, quien se posesionó como curador a inicios del mencionado mes, no había realizado el proceso de empalme debido a que el anterior curador (Jaime Fontanilla Martínez) no reconocía su nombramiento.
Ante esta situación, una comisión de la Superintendencia de Notariado y Registro ingresó a la antigua sede de la Curaduría Urbana #1 de Barranquilla, ubicada en el barrio Prado, para recuperar los documentos y hacer entrega al nuevo titular de la dependencia.
'Lo que estamos haciendo es garantizar el acceso a los archivos al nuevo curador, porque no el curador saliente no ha querido hacer la entrega correspondiente', expuso –en su momento– la superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García.
Desde la Supernotariado también se indicó que se avanza en la etapa de investigación en el marco del proceso disciplinario: 'Se recuperaron los archivos y la situación se encuentra finiquitada'.
Cabe recordar, además, que ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia, por parte de Guillermo Ávila Barragán, en contra del excurador Jaime Fontanilla Martínez por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y simulación de investidura o cargo.
