La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de prevaricato por acción y asociación para cometer un delito contra la administración pública al alcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla, y a los 13 concejales del municipio, por presuntas anomalías en la aplicación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).
El ente acusador, a través de Irma Cárdenas, fiscal 43 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, solicitó medida de aseguramiento para Mantilla y los 13 cabildantes, durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo ayer y que estuvo presidida por Daniel López, juez Promiscuo de Puerto Colombia.
La audiencia, que se desarrolló en completo hermetismo y a puerta cerrada por decisión del juez López, duró más de cinco horas y estuvo dividida en dos sesiones en la que la Fiscalía expuso sus argumentos y presentó las pruebas para demostrar que existieron irregularidades en la implementación y revisión del PBOT y por la modificación excepcional aprobada mediante Acuerdo en el Concejo Municipal.
Por su parte, el abogado Diego Muñetón Restrepo explicó que la Fiscalía culminó ayer la intervención de la solicitud de medida de aseguramiento, con la formulación de la demostración de la inferencia 'mínima' de autoría y participación de los imputados.
El jurista detalló que la Fiscalía dio traslado a la defensa de los elementos materiales probatorios que tienen en su poder y que recaudaron para la imputación de los delitos antes mencionados.
En se sentido, Muñetón señaló que la defensa solicitó al juez de control de garantías que concediera un plazo 'razonable' dentro de lo dictaminado por la ley para hacer un estudio 'pormenorizado y juicioso que conlleve a un eficiente y excelente ejercicio de la defensa técnica de los honorables concejales, al igual que la del señor alcalde del municipio de Puerto Colombia'.
El jurista detalló que el paso a seguir será la intervención de la defensa, para contrarrestar la teoría de la Fiscalía General de la Nación. 'Posteriormente se dará la intervención del Ministerio Público y, en síntesis, terminar con la decisión del juez de control de garantías', sostuvo el abogado Muñetón, quien precisó que las audiencias se llevarán a cabo el 4 y 5 de junio próximo.
Altahona, exonerado. Mauricio Altahona, exsecretario de Desarrollo Territorial de Puerto Colombia, quien también se encontraba citado a la audiencia de imputación de cargos, informó al término de la misma que la Fiscalía lo 'exoneró' del proceso.
Altahona explicó que el ente acusador no encontró ningún material probatorio en su contra por los delitos de prevaricato por acción y asociación para cometer un delito contra la administración pública.
Sostuvo que, dentro de sus facultades como secretario de Desarrollo Territorial, no se encontraba la aprobación de ningún tipo de Acuerdo o Decreto Municipal. 'La Fiscalía me cita porque hay una demanda ante el municipio y todos debíamos acudir a la citación. Ahora hay que esperar a ver qué decide el juez ante las pruebas que presentó la Fiscalía. Me siento tranquilo porque presenté cuáles eran mis actuaciones como funcionario del municipio', sostuvo Altahona.
Mantilla, respaldado
A las afueras de la sala en la que se realizaba la audiencia, al menos doce personas se encontraban esperando la finalización para expresarle su apoyo al alcalde municipal, Steimer Mantilla, quien se encontraba de cumpleaños y no quiso entregar declaraciones a los medios de comunicación.
Al término de la imputación, decenas de personas se acercaron a abrazarlo y a expresarle su respaldo al mandatario, quien agradeció, una a una, a las personas entre las que se encontraban mujeres, niños y mototaxistas.
El proceso
La Fiscalía 43 Anticorrupción de Bogotá investiga a los funcionarios y a los concejales por las aparentes anomalías que se habrían cometido en el proceso de revisión ordinaria del PBOT y por la modificación excepcional aprobada mediante acuerdo del Concejo.
Este despacho ya ha inspeccionado en tres oportunidades la Alcaldía de Puerto Colombia para revisar la documentación sobre el caso, en medio de las pesquisas para intentar determinar si ha habido terceros beneficiados con los cambios del uso del suelo, con el agravante de que se omitió respetar las zonas de reserva ambiental.
Además, desde diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, por no cumplir con las socializaciones y no realizar los estudios previos.
