Tras superar las alegrías y pesares que trajo 2016, los barranquilleros se preparan para despedir este año y celebrar la llegada de 2017. La tradición de quemar el muñeco de Año Viejo y abrirle paso a lo nuevo aplica para diversos hechos que han ocurrido este año y que merecen ser despedidos con las cenizas del 31 de diciembre.
Los cortes constantes de energía, el fantasma del racionamiento, las protestas en la puerta de Electricaribe, lar reuniones de los gobernadores. Todo sumó para que la paciencia de los costeños dijera 'no más' y así lo entendió el Gobierno Nacional cuando vio que la mejor salida a la crisis era la intervención.
El Acueducto y la Universidad del Sur quedaron como deudas pendientes en 2016 y sus habitantes esperan que 2017 sea el año en el que puedan gozar de educación de calidad y servicios de acueducto adecuados.
Se suman la movilidad, la inseguridad y la salud como tareas pendientes para el próximo año. Que las actividades de vigilancia en las autoridades den resultados para que disminuyan los homicidios en la ciudad, que continúen a reparación de vías, pero a la espera de hallar una solución a los constantes represamientos que se generan en distintos sectores de la ciudad. Que faltando cinco para las doce se alejen los males para empezar un nuevo año.
Mala calidad del servicio de Electricaribe
Los constantes cortes de energía en la ciudad y en los distintos departamentos de la Región Caribe agotaron la paciencia de los ciudadanos, gobernadores y distintos sectores que pidieron ayuda del Gobierno Nacional para mejorar la problemática y acabar la constante suspensión del servicio. El Gobierno terminó interviniendo a la compañía española Gas Natural Fenosa, que poseía el 85% de la empresa de distribución eléctrica, Electricaribe, desde el año 2009.
La intervención se realizó en las 21 sedes de Electricaribe en la Región Caribe, con el fin de mitigar la crisis eléctrica que seguía creciendo.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, confirmó la suspensión de las negociaciones con Gas Natural Fenosa por 'falta de acuerdo en capitalización'.
Un mes después de intervenida la entidad, el pasado 15 de diciembre, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, aseguró que el proceso iba 'por buen camino'. La intervención, en primera instancia, sería por un plazo de dos meses, que podría extenderse dos más para tomar una decisión definitiva, es lo que ha dicho el Superintendente. Las opciones son una intervención administrativa de la compañía o la liquidación de la misma. El 15 de marzo, a más tardar, se conocería qué determinación tomará el Gobierno.
Falta de funcionamiento en la Universidad del Sur
El lunes 28 de diciembre de 2015 el entonces gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, inauguró la Universidad del Sur, ubicada en el municipio de Suan.
El propósito del mandatario del momento era que 1.500 jóvenes del departamento emplearan estas instalaciones, que serían sede de la Universidad del Atlántico. La obra tuvo una inversión de $18.000 millones de recursos propios de la Gobernación.
Sin embargo, solo en febrero de este año el proyecto comenzó a ser empleado, pero no con la finalidad inicial, ya que las instalaciones empezaron a funcionar como reemplazo provisional del Centro Educativo Regional de Educación Superior (Ceres) de Suan, el cual estaba en remodelación.
Un año después de inaugurado, y luego de ser visto como un ‘elefante blanco’ del departamento por falta de financiación y aprobación por parte del Ministerio de Educación para que fuese empleado como sede de la Universidad del Atlántico, empezará oficialmente en 2017 la operación de la Universidad del Sur bajo la modalidad de Ceres, Centros Regionales de Educación Superior con ocho programas.
La UA, por su parte, será la encargada de operarlos en el departamento. La institución de educación superior dio a conocer que aún están a la espera de la notificación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de los actos administrativos que confirmen la autorización para que los programas sean ofertados.
Crisis en el ESE Cari
La crisis económica que ha enfrentado la Empresa Social del Estado (ESE) Cari en lo transcurrido de este año ha causado incomodidad en los usuarios por la prestación de los servicios y en empleados por la falta de pagos.
El 30 de marzo de este año, el ex gerente de la entidad médica, Ramón Quintero, entregó un balance de su gestión, que duró ocho años, y reconoció que las deudas, las tarifas y la tercerización fueron claves en la crisis del Cari.
En septiembre, enfermeros del hospital protestaron por la deuda salarial que, en algunos casos, sumaban siete meses.
En la concentración participaron cerca de 40 personas que exigían los pagos de sus salarios que alcanzaban hasta los seis millones de pesos.
Gustavo Rada, líder de la manifestación, precisó durante la protesta, que unas 400 personas estaban afectadas por el mismo caso.
Esta situación la respaldó el presidente seccional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (Anthoc), Heriberto Tovar, quien reconoció, en octubre de este mismo año, que la crisis de la entidad es 'consecuencia de la reestructuración que se hizo en 2004'.
Por la dificultad en la situación económica, la Asamblea citó a la gerente del Cari, Rocío Gamarra, para que presentara el plan de acción en su gestión.
En su momento el diputado Alberto Llinás detalló que las deudas, a corte de septiembre de 2016, eran de $73.021.230.229.
Ante esto, Gamarra argumentó que la crisis de la entidad 'se ha presentado desde hace tiempo'.
Inseguridad en la ciudad
Atracos en los buses, casos de fleteo, hurtos de celulares, robos dentro de almacenes o en la calle, peleas entre pandillas, son algunos elementos que han hecho que la percepción de inseguridad en Barranquilla aumente y las autoridades trabajan por disminuir los casos.
Como uno de los planes para vigilar a la ciudadanía, fueron instaladas 544 cámaras de seguridad. La ciudad pasó de tener 276 a 820 de estos equipos tecnológicos. La inversión fue de $28.183 millones, aportados por el Ministerio del Interior (75%) y el Distrito (25%).
En marzo, El secretario del Interior del departamento, Guillermo Polo Carbonell, y el gerente del Área Metropolitana y asesor de Seguridad del Distrito, Jaime Berdugo Pérez, definieron siete estrategias de seguridad, justicia y prevención del delito, dentro de las que sobresalían la masificación del sistema de video vigilancia en buses de transporte público, mejorar la capacidad operativa de la Policía con la construcción de 15 nuevos comandos, estaciones, subestaciones y los CAI, la modernización del parque automotor de la Policía de Vigilancia y la construcción de dos centros de rehabilitación y prevención de consumo de drogas. Precisamente, hace una semana la Gobernación entregó 565 motocicletas a la Policía.
Problemas de movilidad
Canalización de arroyos, parcheo en vías, pico y placa para particulares, crecimiento del parque automotor en Barranquilla. Estos son algunos de los factores que han incidido en que la movilidad en la ciudad, a cualquier hora, presente represamientos.
El primero de agosto de este año el alcalde Alejandro Char levantó la restricción de pico y placa para carros particulares, dejando solo la medida para los taxis.
La canalización del arroyo de la calle 84, del arroyo La María, la inauguración de la carrera 50(primera etapa), y el aumento en el número de orientadores de movilidad (cerca de 500), en acompañamiento con la Policía de Tránsito han ayudado a que disminuyan los tiempos de los represamientos vehiculares.
A esto, las autoridades de Movilidad han sumado medidas para mitigar el impacto, por lo que han implementado las cámaras de velocidad, de obstrucción del paso, de prohibido parquear, entre otras.
Además, dentro del programa de reparación de malla vial, la Secretaría de Infraestructura, en una primera fase, reparcheó 59.969 kilómetros de trayectos viales, con lo que se taparon 1.505 huecos que también afectaban la movilidad. Este programa continuará en 2017.
Sin operador en acueducto del Sur
Con el fin de que fuese una empresa la que administrara el servicio de agua y saneamiento básico en los municipios del Sur del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano, con el apoyo de los alcaldes de los distintos municipios (Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco y Repelón), comenzó el proceso para definir el operador del acueducto del Sur del departamento.
Por ello, autorizaron abrir la licitación pública que permitiría seleccionar a un privado que asuma esta tarea por los próximos 20 años. Este proceso de selección está a cargo de la administración del Acueducto Regional del Sur (Aresur).
Los acueductos, que fueron construidos por el Fondo Adaptación después de la emergencia invernal del 2010, son manejados en la actualidad por las Alcaldías Municipales, y es la Gobernación quien compra los químicos y hace el mantenimiento a las plantas, pero en la mayoría de las poblaciones los usuarios se quejan por la calidad del servicio.
Según la Administración Departamental, son más de 25.000 los usuarios de Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz y Luruaco los que asumiría el nuevo operador del Acueducto Regional del Sur.
Sin embargo, al comenzar diciembre, Aresur expidió una resolución en la que suspendía la licitación del acueducto por circunstancias y peticiones dirigidas a la asociación dentro del proceso de convocatoria pública. Aresur aclaró que una vez finalice el periodo de suspensión temporal, el procedimiento será retomado. La adjudicación del contrato estaba programada para el 15 de diciembre y la firma del contrato para el 22 del mismo mes, pero fue aplazado este proceso.
