Este viernes se cumple el mes de plazo entregado por el presidente Gustavo Petro para que las tarifas de energía en el Caribe empezaran a bajar al asumir la deuda pendiente por la opción tarifaria. Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha adelantado una serie de reuniones con las empresas comercializadoras para materializar esta promesa, sigue la expectativa alrededor de cuándo se empezarán a ver los alivios en las facturas de los usuarios.
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Una de las definiciones hechas por el Gobierno corresponde a cubrir, inicialmente, los saldos correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, que ascienden a $2.7 billones. Para eso se usarán $2 billones de una línea de crédito de Findeter y la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) aportará $700 mil millones adicionales.
Aunque se viene construyendo un cronograma para el desembolso de los recursos, el ‘cuello de botella’ en este momento está relacionado con la necesidad de una ley de la República para que el Gobierno nacional pueda asumir dicha deuda y así las empresas trasladen el beneficio a los usuarios.
“No tenemos certeza de cuál será el momento en que se materializará el beneficio, si al momento que se entreguen los recursos a las empresas –que obviamente dirá que sigue teniendo la deuda– o en el momento en que la Nación asuma la deuda directamente”, sostuvo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
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A su turno, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), expuso que se encuentran a la expectativa de la materialización de la propuesta del jefe de Estado.
“La opción tarifaria, como se sabe, su monto asciende a cerca de $4,5 billones, deuda que se ha venido acumulando desde la pandemia y cuyo pago es esencial para fortalecer la salud financiera de las empresas comercializadoras en su rol de entregar a los colombianos un servicio como el de la energía eléctrica”, expuso.
Manzur indicó, además, que el gremio ha solicitado claridad con relación a las fechas para que el compromiso del presidente Petro sea una realidad: “Hemos propuesto alternativas, justamente, para acelerar la instrumentalización de la medida a fin de, reitero, aliviar las tarifas a los usuarios y darle una mayor salud financiera las empresas”.
En esa misma línea, el director de Asocodis expuso que “una vez se concrete el anuncio gubernamental, se generarían reducciones en las tarifas de hasta 19 %, según nuestros estimativos, con variaciones que obviamente dependerán de cada una de las regiones”.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), expuso que se entiende la buena fe del Gobierno para adoptar acciones a favor de los usuarios del país, en especial, de la región Caribe.
“Es difícil pensar que una acción así se adoptaría en un mes, cuando requiere un proceso de varios meses y el cumplimiento de certificación de una llamada deuda, pero que no se caracteriza como tal. Si se quiere apoyar con ingresos públicos a las comercializadoras, se debería en todo caso definir cuál es la contraprestación por este ingreso en términos de inversiones, y en resultados de mejor calidad y disminución de pérdidas”, sostuvo.
Recalcó que es “prematuro” esperar alivios por este concepto: “Si llegan, estos serán por decisiones diferentes que aún no se concretan”.
La directora de Asoenergía recalcó que se deben adoptar correctivos a las “causas estructurales” de la crisis energética, antes de tratar de aliviar con medidas paliativas.
“Algunos temas propuestos son: actualizar el indexador, adoptar el índice de Precios al Consumidor (IPC) por el índice de Precios al Productor (IPP) hacia adelante en toda la cadena, devolviendo los ingresos con IPP a 2020 y hacia adelante con IPC. Respecto a las pérdidas no técnicas, pagarlas sobre cada punto de reducción en cada mercado, no a priori. Finalmente, ajusta cargos de distribución según inversiones reales”, enfatizó.
Desde los usuarios
Norman Alarcón, coordinador de Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, remarcó que hay “incertidumbre” entre todos los usuarios que están a la espera de los alivios prometidos por el presidente Gustavo Petro con relación a la reducción de las tarifas de energía.
“No hay una respuesta precisa para cuándo sentirían un alivio los usuarios, porque de ser cierta la versión de requerirse una ley para asumir la opción tarifaria, ya no sería en el corto plazo la rebaja tarifaria porque habría que esperar la nueva legislatura a partir del 20 de julio, lo mismo que el trámite engorroso”, expuso Alarcón.
Además, cuestionó si la población será víctima de una “nueva burla” por parte del Gobierno: “Hay que recordar que en tiempo de Irene Vélez, ministra de Minas a principios del actual mandato, se crearon ilusiones en millones de usuarios de una tal “justicia tarifaria”, que nunca apareció”.
Opinión de experto
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, expuso que la promesa de bajar las tarifas de energía en el Caribe colombiano “es lo más parecido al famoso cuento del gallo capón”. Puso de presente que este es un objetivo incumplido desde el ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ propuesto por la exministra Irene Vélez.
Recordó que “hemos tenido tres cumbres del Gobierno con los parlamentarios, gobernadores, alcaldes y parlamentarios de la región, que ha sido vísperas de mucho y día de nada”.
En ese sentido, el experto en temas energéticos expuso que “quien espera se desespera y se le agota la paciencia, además de la credibilidad en el Gobierno, que les sigue mamando gallo a los usuarios”.
Cuestionan al Gobierno nacional por no cumplir esta promesa
El senador Mauricio Gómez aseguró que el Gobierno nacional no ha sido “coherente” para cumplir su compromiso de reducir las tarifas de energía a través de la titularización de la opción tarifaria.
“El ministro Camacho ha cambiado las reglas del juego, porque el presidente Petro prometió titularizar toda la deuda, como pública, por opción tarifaria”, expuso.
Agregó que “el Congreso tomará acciones frente a la elusión de responsabilidades propias de su cargo como lo es una moción de censura que se desarrollará en la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, si así la mesa directiva lo permite”.
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El congresista liberal indicó, además, que el Gobierno tiene una deuda por pagar con la costa Caribe y está relacionada a los subsidios diferenciales, de acuerdo con la demanda de consumo por razones climatológicas.
“Es inadmisible que en el interior del país, donde no se prende un abanico, se tenga el mismo subsidio para una familia que lo tiene que encender 24 horas porque el calor es insoportable. Y, en tal sentido, la Creg no ha establecido un criterio técnico que sea justo, riguroso y serio para tal fin”, puntualizó el congresista.
