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Aspecto del nuevo puente Pumarejo, que conecta a Barranquilla con el Magdalena.
Hansel Vásquez
Atlántico

Contraloría encuentra siete irregularidades en contratos del Pumarejo

EL HERALDO revela en primicia el informe de gestión fiscal del ente que estableció “debilidades presupuestales y de planeación” en contratos.

Un total de siete hallazgos administrativos –de los cuales tres tienen presunta incidencia disciplinaria– fueron evidenciados por la Contraloría General de la República tras evaluar la gestión fiscal de los contratos para la construcción del puente Pumarejo.

EL HERALDO conoció en primicia el informe de conclusiones elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional luego de la auditoría de cumplimiento adelantada a los contratos No. 0642 y 0644 de 2015, suscritos por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la construcción e interventoría del proyecto.

Según lo expuesto por el órgano de control, en dichos contratos se presentaron debilidades presupuestales y de planeación como resultado de la falta de previsión de hechos o circunstancias relacionadas con la ejecución de esta megaobra, en la cual se realizó una inversión de $800 mil millones.

Así mismo se determinó el no acatamiento de la totalidad de la normativa aplicable para la suscripción de cláusulas arbitrales por parte de las entidades públicas, razón por la cual emitió concepto con reservas.

Salvo los siete puntos (ver recuadros), la Contraloría expuso que la información resulta conforme con la planeación, estructuración y ejecución de los contratos evaluados.

Limitaciones

En el informe de conclusiones, la Contraloría también puso de presente que en medio del trabajo de auditoría se presentaron limitaciones en el suministro de información por parte de Invías, puesto que no atendía plenamente los requerimientos realizados y, en la mayoría de los casos, se realizó de manera extemporánea, aun con las prórrogas que se otorgaron.

El órgano de control destacó que gran parte de los retrasos fue con relación a la información relativa a los soportes de pagos de los contratos.

La Contraloría puso de presente que solo se pudo realizar una visita al sitio de las obras para conocimiento general del proyecto, debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Plan de mejoramiento. Luego de conocerse el informe, la Contraloría solicitó al Instituto Nacional de Vías que se elabore un plan de mejoramiento  –o se ajuste el que encuentra vigente– con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, para así subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos.

Dicho plan de mejoramiento debe ser presentado al órgano de control dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del informe, que tiene fecha del 23 de junio del presente año.

La auditoría

En febrero de este año, el órgano de control dio inicio a la auditoría de cumplimiento a las obras del nuevo puente Pumarejo para revisar las motivaciones y argumentos que llevaron a realizar adiciones y modificaciones al contrato.

“Desde el año pasado hemos participado en este proyecto, acompañando a la ciudadanía, debido a los retrasos que ha sufrido la obra, al tiempo que evidenciamos que se han hecho adiciones importantes a este contrato. Queremos revisar si la inversión de los recursos se realizó de la forma adecuada y esperamos poder establecerlo con esta auditoría”, aseguró en su momento Martha Angélica Martínez, en su calidad de contralora delegada para el sector de infraestructura pública.

La obra

El nuevo puente Pumarejo fue puesto en funcionamiento en diciembre de 2019. La estructura cuenta con seis carriles, una longitud del tramo atirantado de 800 metros y una distancia total de 2.173 metros, siendo uno de los puentes atirantados más largos del país.

Con esta obra se mejorará la conectividad y la navegabilidad del río Magdalena al permitir el paso de buques de mayor tonelaje.

Presupuesto de la obra

En 1993, los legisladores consideraron que no era pertinente publicar el presupuesto oficial detallado en el contenido de los pliegos de condiciones, ya que no era conveniente al momento de seleccionar la oferta económica más favorable.

Dicha medida está sustentada en que los proponentes pueden hacer cálculos que les permitan llegar a los precios de manera artificial.

En los documentos allegados a la Contraloría por el Invías se evidenció que 67 de los 175 ítems requeridos para la ejecución del proyecto fueron ofertados por un valor inferior al referido en los pliegos y los restantes ítems se ofrecieron al precio máximo del presupuesto oficial, haciendo que el valor fuera inferior al oficial en 1.80%.

En este caso, según la CGR, se configura un hallazgo administrativo, puesto que presentar el presupuesto oficial en los pliegos de condiciones facilita que las obras se paguen a un precio mayor que el que se puede conseguir con una mayor competencia por el precio.

Adicionalmente, da lugar a la eliminación del trabajo técnico del proponente, economías de escala, eficiencia administrativa, entre otros aspectos.

Inclusión de nueva cláusula

La inclusión de una cláusula compromisoria –mediante la modificación del contrato de obra– para que las diferencias entre el Invías y el contratista se resuelvan en un tribunal de arbitramento, reviste para la Contraloría una presunta incidencia disciplinaria.

Según el órgano de control, la suscripción de un pacto arbitral no es ilegal aun cuando el contrato está ad portas de finalizar, pero debió sujetarse a las recomendaciones de la Oficina Jurídica del Invías, que recomendó acudir a una conciliación extrajudicial. 

Además, indicó que dentro de la documentación aportada por el Invías no se encontraron las referencias a las justificaciones precisas para la viabilidad y conveniencia de dicha cláusula, de acuerdo con lo ordenado a la directiva presidencial No. 4 de 2018.

“No son comprensibles los fundamentos que llevaron a que se sometieran dichas diferencias existentes a un mecanismo alternativo de solución de conflictos que podría ser más oneroso económicamente”, sostuvo la Contraloría.

Efecto del cambio de normas

En enero de 2015, el Ministerio de Transporte actualizó el código de diseño sísmico de puentes por lo que fue necesario ajustar el diseño elaborado con la norma de 1995 a la actual, que contiene mayores requerimientos técnicos que se traducen en un costo superior del proyecto superior al inicialmente establecido.

Con dicha modificación, “resultaba evidente que para el momento de la suscripción del contrato, el proyecto estaba desfinanciado”, según explicó el ente de control en su informe.

Así las cosas, se aprobaron 268 ítems nuevos, que no estaban previstos, con un presupuesto asociado a $222 mil millones, correspondiente al 40,30% del presupuesto original (614 mil millones). Ante este ajuste se requirieron $120 mil millones para dar cierre financiero al proyecto.

Esta situación evidencia, para la Contraloría, una presunta falta de previsión por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), puesto que no inició oportunamente el trámite para conseguir los recursos adicionales a pesar de que conocía el inminente ajuste de los diseños.

Reservas de presupuesto en la obra

Tras la revisión de un reporte de las reservas presupuestales presentado por el Invías sobre el contrato para la construcción del nuevo puente Pumarejo para las vigencias 2015, 2016, 2018 y 2019, se reafirmaron las fallas del sistema de control interno de la unidad ejecutora encargada de ejercer el control y seguimiento a los compromisos y obligaciones para la constitución de las reservas.

Según el ente de control, dichos funcionarios debieron gestionar con antelación a la tesorería  para la constitución de las reservas presupuestales dentro del término establecido.

El efecto de estos hechos conlleva a que los funcionarios se vean inmersos en presuntas faltas disciplinarias, aunado al hecho de que este tipo de omisiones constituyen un aspecto a considerar en la constitución excesiva de reservas presupuestales que realiza el Invías con sus consabidas consecuencias para el presupuesto de la inversión.

Esta situación genera un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, agregó la CGR.

Justificación de reservas de recursos

En el desarrollo de la ejecución de las apropiaciones presupuestales determinadas para este contrato se estableció que para el cierre de las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 se constituyeron un total de trece reservas presupuestales por un monto superior a los $37 mil millones.

Los hechos evaluados han permitido evidenciar que las falencias han generado la constitución en exceso de reservas presupuestales por parte del Invías, lo que conlleva el riesgo de recorte de su presupuesto de inversión para adelantar o desarrollar a nivel nacional los proyectos de importancia estratégica que requiere el país y sus regiones.

“Enfatizándose que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1957 de 2007, modificado por el Decreto 4836 de 2011 y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario, se establece que los recursos apropiados en cada vigencia deben ejecutarse al 31 de diciembre del año en cuestión. Lo anterior genera un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria”, se lee en el informe de conclusión.

Facturas emitidas por contratista

Revisada la facturación entregada por el Invías con relación a la ejecución del contrato, se determinaron inconsistencias en algunas de las 107 facturas por más de $678 mil millones que fueron revisadas.

Esta situación dejó en evidencia las deficiencias en el sistema de control interno de la respectiva unidad ejecutora, que conlleva a determinar errores por posibles imprecisiones en los datos registrados que posteriormente terminan en correcciones por ajustes o reclasificaciones en la siguiente vigencia de no ser detectados a tiempo en la vigencia en que se originó.

Esta situación, según lo expuesto por la Contraloría, se refleja en afectaciones para el proceso contable de los hechos económicos relacionados al contrato de obra referenciado en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 193 de 2016, que indica que la totalidad de las operaciones realizadas por la entidad deberá estar respaldada en documentos idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación.

El registro de partidas de la obra

El órgano de control evidenció que la no reclasificación –al cierre de la vigencia de 2019– de los saldos de las cuentas de bienes de uso público en construcción a bienes de uso público en servicios, con base en la aplicación del principio de esencia sobre la forma, conllevó una sobreestimación por incorrección material por valor superior a los $772 mil millones ($772.866.801.679,16).

La Contraloría puso de presente que al cierre de la vigencia de 2019, los saldos de los contratos de obra No 0642/2015 por la suma de $731.146.282.511,16 y de interventoría No

0644/2015 por valor de $41.720.519.168, quedaron contabilizados como parte del saldo de los Bienes de Uso Público en Construcción y no como Bienes de Uso Público en Servicio, teniendo como sustento que el contratista no ha terminado la ejecución de unas obras, sin que ello sea un factor limitante de peso o restricción significativa que impida la puesta en servicio y la operación del nuevo puente Pumarejo, que se dio al servicio con el acto de inauguración en el mes de diciembre de 2019.

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