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Congresistas y usuarios respaldan fallo de Contraloría contra Electricaribe

Integrantes de la bancada Caribe en el Congreso sostuvieron que se ha “hecho justicia”.

Una victoria. Así ha sido calificado, por parte de los congresistas de la bancada Caribe y los usuarios, el fallo con responsabilidad fiscal de la Contraloría en contra de Electricaribe por no entregar $211 millones en subsidios para la población de los estratos más bajos de la Región.

El senador Efraín Cepeda indicó que con esta decisión se “hace justicia”, teniendo en cuenta que “habíamos pedido ese fallo en contra de esta nefasta empresa que le había metido la mano a los bolsillos de la gente que más necesita en la región Caribe”.

El congresista del partido Conservador indicó que los recursos del Fondo de Energía Social (FOES) corresponden a inversión social y destinación específica, por lo que “debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe”.

El senador David Barguil expuso, a través de su cuenta de Twitter que “el tiempo nos sigue dando la razón. Electricaribe era una empresa nefasta que, además de prestar un mal servicio, robaba a sus usuarios”.

Mientras que el senador Jorge Enrique Robledo indicó que este es “otro gran torcido en Electricaribe”.

Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe, expuso que la decisión de la Contraloría es un espaldarazo a las denuncias hechas por los abusos de la extinta empresa.

Puso de presente que si bien se tasó en más de $200 mil millones, es necesario sumar los intereses e inflación entre los años 2011 y 2016, para así determinar el monto total: ““Este detrimento hace parte del derecho de petición que le vamos a entregar a la empresa Air-e en próximos días”.

Este martes, la Contraloría sostuvo que se constató “una omisión” en la correcta aplicación de la norma establecida para el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social, que contribuyó a la materialización del daño al patrimonio público durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

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