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Procuraduría insta a la Corte a tomar decisión en el caso de APP del Dique

La petición fue realizada a la Corte Constitucional ante el conflicto de competencias entre juzgados por una tutela. Proceso continúa suspendido de forma indefinida.

La procuradora Margarita Cabello Blanco hizo una solicitud a la Corte Constitucional que solucione –de manera preferente– el conflicto de competencias que se ha suscitado entre dos juzgados por el trámite de una acción de tutela interpuesta por una comunidad étnica afectada por la APP del Canal del Dique.

En la petición enviada al alto tribunal se señala que este es un “asunto de especial trascendencia social”, teniendo en cuenta el impacto que tiene para comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre.

La jefa del Ministerio Público puso de presente que debido a este conflicto de competencias se encuentra suspendido el proceso de forma indefinida. 

Además, alertó que dicha suspensión continúa siendo efectiva, a pesar de que se logró un acuerdo entre la comunidad y las autoridades para superar la afectación alegada de forma inicial.

Por esa razón, la procuradora Cabello indicó que es importante que se defina cuál es la autoridad competente: “De esa forma se adopte la decisión que en derecho corresponda frente a la acción de tutela presentada”.

La tutela

Cabe recordar que la acción de tutela fue instaurada ante el Juez Sexto Administrativo de Cartagena por el Consejo de las Comunidades Negras del corregimiento Los Olivos de Hato Viejo, jurisdicción de Calamar, Bolívar.

En dicha acción judicial se argumenta que no fue consultada previamente sobre la realización del proyecto a pesar del impacto que tiene sobre sus integrantes. 

Sin embargo, el mencionado juzgado remitió el caso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, pues este último había conocido con anterioridad un proceso similar relacionado con el proyecto del Canal del Dique. 

Debido a la discusión en torno a qué juez debe conocer del asunto se presentó un conflicto de competencias que fue remitido a la Corte Constitucional.

El acuerdo

A principios del mes de octubre, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y un grupo de comunidades asentadas en la zona de influencia del Canal del Dique suscribieron un acuerdo de voluntades para adelantar –con ocasión de la firma del contrato de concesión– las posibles consultas previas.

Tras este acuerdo se logró que el Consejo Comunitario de Hatoviejo desestimará continuar con la acción de tutela, lo que permitía levantar las medidas cautelares y, por consiguiente, reactivar el proceso de adjudicación del megaproyecto.

Detalles del proyecto

La APP del Canal del Dique cuenta con una longitud total de 115,5 kilómetros, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. 

La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.

El proyecto tiene previsto un valor de inversiones cercanas a los $3,25 billones.

La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de ocho municipios del Atlántico, 10 municipios de Bolívar y un municipio de Sucre.

Con este proyecto se estima la generación de 60.075 empleos (directos e indirectos) a lo largo de todas las etapas de ejecución del proyecto que tendrá una duración de 15 años.

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