Tras el fallo de primera instancia que ordena el restablecimiento de sus derechos, Silvia Gette Ponce estaría a pocos días de regresar a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Aunque la decisión fue apelada, su cumplimiento no se suspende, por lo que el proceso administrativo de restitución ya se encuentra en marcha.
Así lo explicó la abogada Bianith Bohórquez, quien detalló que la decisión fue emitida por un juzgado con funciones de control de garantías, lo que implica ejecución inmediata.
“Este tipo de audiencias buscan que cesen los efectos producidos por el delito. Por eso, las decisiones son de cumplimiento inmediato”, señaló.
Bohórquez aclaró que esta restitución se concede en efecto devolutivo y no suspensivo. Es decir, el recurso no frena la restitución. “No hay que esperar una segunda instancia para que se cumpla el fallo. Con los oficios del juzgado, se pueden iniciar los trámites administrativos correspondientes”.
De acuerdo con la jurista, el acta formal del fallo se conocería el próximo lunes, tras lo cual iniciaría un proceso de transición que podría tardar algunos días, dependiendo de los trámites ante el Ministerio de Educación.
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En medio de cuestionamientos por procesos judiciales del pasado, la defensa de Gette fue enfática en señalar que la exrectora no tiene cuentas pendientes con la justicia.
“Cumplió las condenas que le fueron impuestas y estas están extinguidas desde hace más de dos años. No se le puede negar el derecho al trabajo ni castigarla de manera indefinida”, afirmó Bohórquez, quien insistió en que el ordenamiento jurídico colombiano garantiza la resocialización.
Sobre el futuro de la institución, la abogada aseguró que ya existe una hoja de ruta inicial que contempla auditorías internas, revisión del estado financiero y acciones legales para recuperar bienes que, según dijo, habrían salido irregularmente del patrimonio universitario.
“El primer paso será proteger lo que queda de la universidad y luego revisar en manos de quién están sus propiedades. Si hubo irregularidades, se tomarán las acciones legales correspondientes”, explicó.
Frente a la situación actual de la institución, Bohórquez sostuvo que la universidad no está intervenida por el Gobierno nacional, sino bajo vigilancia especial, medida adoptada tras el detrimento patrimonial registrado en administraciones anteriores. En ese sentido, recalcó que la Autónoma del Caribe mantiene su carácter privado y su autonomía.
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A su turno, Silvia Gette fue enfática en señalar que no tiene conocimiento directo de lo ocurrido desde el 2013, ya que desde entonces no ha estado vinculada a la institución.
“No sé cómo se hicieron las cosas ni qué fue lo que pasó. Solo conozco lo que ha salido en los medios. Sé que la universidad ha perdido muchas propiedades y bienes, pero no puedo afirmar nada porque no me consta”, indicó.
Recordó el legado de su esposo, Mario Ceballos Araújo, fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, a quien describió como el artífice de una obra educativa construida con esfuerzo y visión.
“Mario Ceballos fue el fundador, el primer rector, el mentor de este proyecto. Yo nunca aspiré a ser rectora; fue el Consejo Directivo el que me eligió en 2003. Todo lo que hice fue con amor, como parte de la obra que construimos juntos”, relató.
Asimismo, lamentó el deterioro que ha sufrido la institución en los últimos años. “Era una universidad preferida por la comunidad de la Costa y del país. Lo que ocurrió después de 2013 fue una destrucción. La vendieron, la acabaron. Eso duele profundamente”.
Finalmente, destacó el valor simbólico de la universidad para Barranquilla y la región Caribe, e hizo un llamado a reconocer su importancia histórica y académica.
“La Universidad Autónoma del Caribe es una obra de esta ciudad y del país. No debió terminar así. Estoy muy agradecida con el juez. Es una decisión judicial que establece que debo volver, y tengo muchas ganas de hacerlo”, concluyó.
