Tras más de dos años de trabajo en escenarios nacionales y la expedición de una normativa que prometía dignificar su labor, docentes ocasionales y catedráticos de la Universidad del Atlántico han alzado la voz ante lo que consideran un proceso inconcluso, excluyente y atrasado.
Ricardo Silva Martínez, presidente de la asociación sindical que agrupa a estos profesores, relató que su organización participó durante dos años y cuatro meses en la Mesa Nacional Especial de Formalización Laboral, un espacio técnico en el que se discutieron las bases del Decreto 0391 del 1 de abril de 2025, firmado por el Gobierno nacional.
Esta norma busca corregir una problemática histórica en la educación superior pública: la vinculación precaria de más de 70 mil docentes en Colombia, muchos de ellos con hasta 20 años de servicio bajo contratos temporales de cuatro o cinco meses, sin estabilidad ni garantías plenas.
“El propósito del Gobierno es que estos docentes puedan ingresar a la planta de las universidades mediante concursos públicos de mérito, priorizando a quienes ya están vinculados”, explicó Silva.
Sostuvo, además, que el decreto establece que cada universidad debe implementar el proceso en dos etapas, entre abril de 2025 y abril de 2026, a través de una mesa técnica de formalización laboral. En estos espacios deben participar directivos, representantes sindicales, áreas jurídicas, talento humano y otros actores institucionales, con el fin de definir necesidades de planta, perfiles y criterios de selección por facultad.
Sin embargo, en la Universidad del Atlántico, este proceso no solo presenta retrasos, sino también decisiones que han generado inconformidad en el sector docente.
Según Silva, desde la expedición del decreto solicitaron en múltiples ocasiones la instalación de la mesa técnica durante la administración del entonces rector Danilo Hernández. Aunque se realizaron algunas reuniones informales, la convocatoria formal solo se dio meses después, tras la visita del viceministro de Educación en julio de 2025, quien además explicó que las universidades contaban con recursos suficientes, provenientes de distintas fuentes como la Ley 30, el Plan Nacional de Desarrollo y ampliaciones presupuestales recientes, para avanzar en la formalización.
“Existe la financiación. No es un problema de recursos, sino de voluntad y de cumplimiento”, enfatizó.
Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación fue la convocatoria a un concurso público para cerca de 87 plazas docentes con recursos propios de la universidad, el cual, según argumentan, debía suspenderse, ya que el Decreto 0391 prevalece sobre cualquier proceso interno y establece lineamientos específicos para la formalización.
Además, cuestionaron que dicho concurso se impulsara en medio de un proceso de reelección del entonces rector, lo que, a su juicio, generaba dudas éticas sobre la transparencia del procedimiento.
Posteriormente, cuando finalmente se convocó una mesa de formalización laboral, la asociación denunció haber sido excluida, pese a haber participado activamente en la construcción del decreto y a representar, según Silva, cerca del 75 % de los docentes ocasionales y catedráticos de la institución.
“La universidad nos dio viáticos, permisos y respaldo para participar en la mesa nacional durante más de dos años, pero aquí, en nuestra propia casa, nos desconocen”, afirmó.
Esta exclusión provocó incluso que otras organizaciones, como la Asociación de Profesores de la Universidad del Atlántico (ASPU), se solidarizaran y decidieran no asistir a una de las convocatorias, en señal de inconformidad.
El proceso se vio aún más afectado por la suspensión de actividades académicas debido a una prolongada protesta estudiantil que se extendió por más de tres meses, retrasando la implementación de la política.
Con la llegada del nuevo rector designado, Rafael Castillo Pacheco, los docentes esperaban un cambio en el rumbo del proceso. De hecho, el 9 de enero sostuvieron una reunión en la que entregaron una propuesta estructurada de formalización laboral, construida por académicos de la misma asociación, detallando cómo debía desarrollarse el concurso de méritos con enfoque diferencial para docentes activos.
No obstante, aseguran que la situación no mejoró. El pasado 20 de febrero, cuando se convocó nuevamente la mesa técnica, la asociación volvió a quedar por fuera.
“Resulta aún más inexplicable cuando el propio rector ha sido docente ocasional y ha tenido cercanía con nuestra organización”, señaló Silva.
Ante la falta de respuestas, la asociación interpuso un derecho de petición. Al no recibir una contestación de fondo, el 23 de marzo de 2026 elevaron solicitudes de carácter prioritario ante el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando intervención y vigilancia.
El profesor advierte que la Universidad del Atlántico presenta un rezago frente a otras instituciones del país en la implementación del proceso.
“Lo que pedimos es simplemente que se cumpla el decreto, que haya transparencia y que se nos permita participar. Estamos hablando del futuro laboral de cientos de docentes que han sostenido la universidad durante años”, concluyó Silva.
Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece a la expectativa de las decisiones de la actual administración y de los pronunciamientos de los entes de control, en un proceso que no solo define la estabilidad de los docentes, sino también la calidad y sostenibilidad de la educación pública en la región.
