Con el objetivo de avanzar en los procesos de reparación integral y fortalecer la autonomía económica de las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas entregó 73 unidades productivas a familias de los municipios de Galapa, Santo Tomás y Soledad, en el departamento del Atlántico.
La entrega se realizó en el marco de la estrategia denominada Ruta de la Productividad, que busca impulsar emprendimientos liderados por víctimas del desplazamiento forzado y contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida.
La jornada se desarrolló en el municipio de Galapa y benefició a hogares provenientes de esta localidad y de otros municipios cercanos. En total, la inversión superó los $830 millones, recursos destinados a la dotación de emprendimientos familiares dentro de los procesos de retorno y reubicación contemplados en los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar.
Las 73 unidades productivas corresponden a 10 líneas de negocio, entre ellas panaderías, salones de belleza, puestos de comidas rápidas, tiendas de abarrotes y papelerías, iniciativas con las que se busca generar ingresos sostenibles y fortalecer el tejido social en los territorios.
El director territorial de la Unidad para las Víctimas en Atlántico, Michael Sabbatino, reiteró el compromiso institucional con las familias afectadas por el conflicto armado.
“Ustedes son una comunidad resiliente, gente emprendedora, dispuesta a salir adelante. Aprovechen esta gran oportunidad para fortalecer a sus familias y mejorar su estabilidad económica. Sigan creyendo en la Unidad para las Víctimas porque, día a día, estamos trabajando sin descanso por ustedes”, expresó.
Para los beneficiarios, estas entregas representan una nueva oportunidad para avanzar con independencia y dignidad. Así lo manifestó Ener Arias, quien recibió un puesto de comidas rápidas con el que, junto a sus hijos y nietos, espera construir un emprendimiento autosostenible.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca seguir impulsando acciones que permitan transformar los territorios, reducir la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto y garantizar su derecho a una reparación integral y transformadora.
