La Procuraduría General de la Nación revocó esta semana la medida de suspensión provisional aplicada a la gerente de la E.S.E Local Hospital de Manatí, Elis María Fonseca Pacheco, tras un proceso de investigaciones por presuntas irregularidades contractuales, entre ellas una posible celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.
La decisión adoptada por el organismo detalla que una de las consideraciones que se tomaron en cuenta fue un “error en el juicio de tipicidad al explicar la falta en la incurrió el acusado, la cual fue calificada como ‘gravísima’.
Seguidamente, mencionó que: “la medida de suspensión no aterriza como tal la conducta investigada, lo que impide determinar si la presunta falta disciplinaria se dio en el marco de la actividad precontractual o contractual en el municipio, en detrimento del patrimonio público o los principios de contratación”.
Con respecto a la necesidad expresada de evitar la continuidad de prácticas asociadas a la corrupción administrativa, la Procuraduría anotó que “para esta instancia no se satisface el presupuesto de que la suspensión sea una medida indispensable para el proceso, al concluir que sobre las funciones inherentes al cargo no se asoció una conducta de sospecha con material probatorio existente en el expediente”.
Dicho esto, el procurador regional del Atlántico, Javier Enrique Bolaño aclaró que: “el instructor no relaciona los hechos en materia de investigación, como la presunta exigencia al contratista de vincular al cónyuge de la gerente de la ESE como conductor o un posible conflicto de intereses, dentro de un marco razonable y de riesgo real de interferencia en la investigación”.
De esta manera, se concluyó que “en la actuación procesal hubo una ausencia de materiales probatorios exigidos para la determinación de una medida de suspensión hacia la gerente”.
Cabe recordar que en el pasado mes de enero la alcaldesa de Manatí alegó que la gerente habría condicionado la ejecución de un contrato de prestación de servicios de transporte institucional a que su esposo fuera designado como conductor, exigiendo además que se le pagara un salario mensual de un millón de pesos.
La situación también se agravó, según contó la mandataria, cuando el vehículo contratado por la E.S.E., y conducido presuntamente por el esposo de la gerente, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció un menor de edad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría determinó en su investigación que la funcionaria suspendida se reincorporará al cargo a partir de la expedición del acto jurídico.
