La Universidad del Atlántico vuelve a estar en el centro de la polémica ante una serie de señalamientos por una presunta “politización” del proceso de contratación que se adelanta, previo al inicio de la ley de garantías.
De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (Sintradeua), esta situación irregular se viene registrando en medio del proceso de vigilancia especial que adelanta el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación.
Según el sindicato, en la alma mater estarían reapareciendo prácticas que “en el pasado, llevaron a la universidad a una crisis institucional”, tales como como la intervención informal en decisiones administrativas, el manejo opaco de la contratación mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y el uso de cargos y contratos con fines políticos y electorales.
A través de un comunicado a la opinión pública, Sintradeua señaló que estas situaciones se estarían amparando bajo nuevos discursos, pero con dinámicas similares a las que la comunidad universitaria ha buscado superar en procesos anteriores de recuperación institucional.
Además, advirtió que la Universidad del Atlántico estaría siendo utilizada como escenario de posicionamiento político para favorecer intereses electorales externos.
Asimismo, la organización sindical hizo un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Educación y a la inspectora in situ para que actúen con rigor y eviten que esta medida se convierta en un mecanismo que legitime decisiones por fuera de la legalidad.
“La intervención no puede convertirse en una condición permanente ni en un escenario para reproducir las mismas prácticas políticas que ya demostraron ser nocivas para la universidad. Cuando una medida excepcional se prolonga sin resultados verificables, deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema”, recalcó.
Defensa del rector
Por su parte, el rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, explicó a EL HERALDO que la suspensión de actividades alteró significativamente las dinámicas institucionales, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos para retomar los procesos en un contexto complejo, marcado por la cercanía de la ley de garantías.
“Estamos contra el tiempo en materia de contratación, especialmente en lo relacionado con el talento humano, porque la parálisis impactó muchas de las rutinas administrativas. Sin embargo, estamos trabajando para que los procesos se consoliden dentro de los marcos legales y con total transparencia”, señaló.
El rector enfatizó que la universidad enfrenta un problema estructural en su planta administrativa, al contar con apenas 252 funcionarios de planta para atender a cerca de 25 mil estudiantes, una proporción que calificó como desproporcionada frente a otras instituciones del país. Por esta razón, indicó que la contratación mediante órdenes de prestación de servicios resulta necesaria para garantizar el funcionamiento institucional.
En ese sentido, precisó que las vinculaciones se están realizando respetando los tiempos, perfiles y la experiencia del personal, manteniendo en lo fundamental a funcionarios con amplia trayectoria en la Universidad.
Frente a señalamientos sobre un supuesto uso indebido de la contratación con fines políticos, Castillo fue enfático en rechazar dichas afirmaciones: “Tenemos puesta únicamente la camiseta de la Universidad y estamos cumpliendo la tarea que nos asignó el Ministerio de Educación. La contratación se está haciendo con criterios técnicos y administrativos, no con intereses particulares”.
