Hay máxima preocupación frente al futuro de la APP del canal del Dique ante la decisión del Gobierno nacional de congelar alrededor de 636 mil millones, correspondientes a vigencias futuras.
Desde la Contraloría General de la República se han encendido nuevas alertas, teniendo en cuenta que esta medida podría conllevar a una terminación anticipada del mencionado contrato de concesión.
Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector infraestructura, puso de presente que la entidad ha venido realizando un seguimiento detallado al proyecto, evidenciando que los recursos en mención “son muy importantes para el desarrollo del proyecto”.
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Asimismo, expuso que existe incertidumbre ante la decisión unilateral de hacer modificaciones a los contratos de concesiones, ya que “es una obligación contractual” que se debe honrar.
“La Contraloría ha estado y seguirá muy atenta al desarrollo de este proyecto. Consideramos que es el proyecto de restauración ambiental más importante del país en toda su historia y, por ende, continuaremos trabajando para que se ejecute dentro de las especificaciones técnicas, los costos y los plazos previstos”, agregó Mejía.
Por último, dijo que el ente de control continuará con este estricto seguimiento a la iniciativa, por lo que se emitirán las alertas que se consideren necesarias “con el propósito de que el proyecto pueda pasar prontamente a su fase de construcción”.
Petición desde el Caribe
Desde la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) se ha solicitado al Gobierno nacional que se respeten los compromisos financieros y técnicos que aseguren la ejecución integral de esta obra estratégica, que impacta a los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Se recordó que la inversión tasada para este megaproyecto es de $3,1 billones, siendo el proyecto ambiental y de infraestructura más ambicioso del país: “Su importancia radica no solo en el desarrollo económico, sino en su capacidad para prevenir desastres humanos y ambientales como el ocurrido en 2010, que dejó más de 100 mil damnificados”.
Se propuso al Gobierno nacional que se activen espacios de concertación con la concesión, las comunidades y los órganos de control, teniendo en cuenta que la obra generaría riesgos ambientales, sociales y fiscales “irreparables”. Es de anotar que la desfinanciación de este proyecto afectaría directamente a más de 1.5 millones de habitantes en 19 municipios del Caribe.
Posición de mandatarios del Caribe
El gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano, aseguró que existe incertidumbre frente al actual panorama del proyecto y las intervenciones para mejorar la navegabilidad.
Mientras que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó: “Seguimos confiando en su ejecución”.
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