El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera) se pronunció este viernes sobre las afectaciones que pueden generar las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para imponer nuevas cargas tributarias a las generadoras de energía en el país.
Si bien la asociación reconoce la gravedad de la situación que atraviesa el sistema eléctrico nacional, y la declaratoria de emergencia económica, advirtió que el decreto emitido por el ejecutivo no tiene en cuenta a las pequeñas centrales hidroeléctricas del territorio.
“Nos preocupa que el decreto imponga obligaciones homogéneas a todos los generadores, sin distinguir entre tecnologías, escalas ni estructuras financieras, afectando de manera directa a proyectos de menor tamaño”, aseguró Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva del Ceera.
De igual manera, la líder gremial explicó que: “estas empresas operan sin capacidad de regulación hídrica, con márgenes ajustados y esquemas financieros altamente sensibles a cambios regulatorios imprevistos como los de este decreto del Gobierno”.
En ese sentido, Rueda fue enfática en que el decreto no resuelve de fondo los problemas estructurales del sistema de energía.
“El gobierno identifica como factores determinantes de la crisis actual los elevados niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, los bajos niveles históricos de recaudo, los rezagos persistentes en inversión en infraestructura eléctrica y la alta concentración de usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, su solución es ineficiente y traslada una carga financiera significativa a la actividad de generación”, comentó.
Puso de presente entonces que: “el propio decreto reconoce también que los comercializadores que representan entre el 39% y el 40% de la demanda nacional presentan afectaciones financieras significativas, configurando un riesgo sistémico en el Mercado de Energía Mayorista.
A renglón seguido, mencionó que “esta coyuntura se manifiesta con especial intensidad en la región Caribe, particularmente en el caso de Air-e, cuya operación, según el mismo decreto, requeriría más de $5,4 billones en un horizonte de un año para sostener su funcionamiento e inversiones Minminas”.
Por otro lado, el Ceera sostuvo que el “traslado de cargas financieras a agentes que no cuentan con instrumentos regulatorios ni operativos para incidir sobre las causas del problema genera una desalineación de incentivos que puede afectar el funcionamiento eficiente del mercado, comprometer la gestión de riesgos y debilitar el eslabón que hoy garantiza la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”.
Así las cosas, la corporación reiteró su disposición a contribuir de manera responsable en la coyuntura actual, no obstante, considera fundamental que las medidas adoptadas, preserven la estabilidad regulatoria y no comprometan la inversión, la confiabilidad y la seguridad energética del país.
Las medidas
Con el objetivo de fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que brinda respaldo financiero a las empresas de servicios públicos que se encuentran intervenidas,el Gobierno nacional anunció la adopción de una serie de medidas “extraordinarias” y “transitorias”, en el marco de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro.
Se trata de una contribución parafiscal para las empresas generadoras, que estará destinada a financiar las actuaciones necesarias para “garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica”, que se adoptó por medio de la Resolución 044 del 21 de enero, la cual fue expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La tarifa de dicha contribución se ha tasado en 2,5 % sobre las utilidades, antes de impuestos, que reportaron dichas empresas tras la vigencia 2025.
Asimismo, el Gobierno nacional estableció una contraprestación tributaria en energía direccionada a las empresas de generación hidráulica para que hagan entrega de energía eléctrica con destinación específica: garantizar la prestación del servicio por parte de las empresas intervenidas. Es decir, Air-e se beneficiará con esta medida.
“El aporte en especie corresponderá al 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente”, se lee en el decreto.
