Con el objetivo de fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que brinda respaldo financiero a las empresas de servicios públicos que se encuentran intervenidas, el Gobierno nacional anunció la adopción de una serie de medidas “extraordinarias” y “transitorias”, en el marco de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro.
Se trata de una contribución parafiscal para las empresas generadoras, que estará destinada a financiar las actuaciones necesarias para “garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica”, que se adoptó por medio de la resolución 044 del 21 de enero, la cual fue expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La tarifa de dicha contribución se ha tasado en 2.5 % sobre las utilidades, antes de impuestos, que reportaron dichas empresas tras la vigencia 2025. Los pagos deberán hacerse en dos momentos. El primero ha sido definido para 2 de febrero, correspondiente a un valor del 1,25 % liquidado “con base en la información certificada de los Estados Financieros de la vigencia 2024”.
En segunda instancia, el 15 de mayo, se hará el pago correspondiente al 1,25 % restante “con la presentación de los estados financieros consolidados y debidamente aprobados de la vigencia fiscal 2025”.
Asimismo, el Gobierno nacional estableció una contraprestación tributaria en energía direccionada a las empresas de generación hidráulica para que hagan entrega de energía eléctrica con destinación específica: garantizar la prestación del servicio por parte de las empresas intervenidas. Es decir, Air-e se beneficiará con esta medida.
“El aporte en especie corresponderá al 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente”, se lee en la resolución.
Y agregó que “su valor constituirá un descuento tributario del 50% sobre la base gravable del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del aportante”.
En ese sentido, desde el Ejecutivo se definió que “este aporte no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado”.
Defensa de las medidas
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa del alcance de este decreto y fue enfático en señalar que el decreto no modifica el modelo del sector ni afecta a los usuarios.
“Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los Gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio”, dijo.
Además, recalcó que “Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables. Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado”.
A renglón seguido explicó que “el objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio y evitar que una crisis financiera, creada por algunos congresistas, entre ellos los de la bancada Caribe, que al parecer desean que su región y el país entero termine en apagones”.
Asimismo, el ministro Palma recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que, ante la magnitud de la situación, los instrumentos ordinarios resultaron insuficientes.
“Cuando está en riesgo un servicio público esencial, el Estado no puede mirar para otro lado. Estas medidas son solidaridad temporal para evitar un daño permanente al sistema eléctrico y a la economía del país”, puntualizó.
