La Procuraduría Regional del Atlántico anunció este lunes la apertura de una investigación disciplinaria en contra el rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, con el objetivo de establecer si podía asumir el cargo teniendo en cuenta una sanción vigente en su contra.
En el documento expedido por el Ministerio Público se expone que la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses se encuentra registrada Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI). Por esa razón, Castillo Pacheco presuntamente estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos de acuerdo con la sanción que se encuentra vigente.
En el documento se pone de presente que, en una comunicación enviada en diciembre de 2025 por la Oficina de Control Disciplinario se manifestó que “no se ha materializado la ejecución de la sanción disciplinaria por parte de la Universidad del Atlántico, razón por la cual no es posible indicar fechas de inicio ni de finalización de la suspensión”.
Además, se dio a conocer que “el despacho competente informó que se encuentra adelantando actuaciones para verificar la trazabilidad documental y administrativa del fallo disciplinario, con el fin de establecer las circunstancias que han impedido su cumplimiento”.
Y se agrega que Castillo Pacheco, tras su designación en el cargo, “ha venido ejerciendo y materializando actos como rector de la Universidad del Atlántico, lo anterior implica el desarrollo de las funciones propias del representante legal de la Universidad, es decir, actuando como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico del alma mater”.
Renglones más abajo, el Ministerio Público recordó que las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias establecidas en la Constitución o en la ley que impiden que las personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o que celebren contratos con el Estado.
“Estas tienen el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, en pro del interés general. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es entonces un conjunto de restricciones que pueden afectar directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, como resultado de condenas, sanciones o situaciones específicas previamente establecidas por el ordenamiento jurídico”, agregó.
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En ese sentido, la Procuraduría indicó que se ordenará la práctica de una serie de pruebas como obtener “copia de los descuentos o pagos realizados por el señor Rafael Ángel Castillo Pacheco para el cumplimiento de la sanción impuesta en el fallo Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1″.
Adicionalmente, “practicar inspección disciplinaria a las instalaciones de la Universidad del Atlántico a fin de conocer la trazabilidad de la actuación administrativa adelantada para el cumplimiento de la sanción emitido por la Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 al interior del proceso disciplinario”.
El Ministerio Público indicó que este proceso tiene como antecedente la investigación que se adelanta en contra de María Andrea Bocanegra, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica; José Hoyos Franco, jefe de la Oficina de Control Interno, y Salomón Mejía Sánchez, jefe del Departamento de Talento Humano de la Universidad del Atlántico, por presuntamente haber incurrido en la falta disciplinaria descrita en el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019, y en el presunto desconocimiento de los deberes consagrados en el numeral 1 y 3 del artículo 38 ibidem, falta que eventualmente podría calificarse como grave.
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Cabe recordar que Rafael Castillo asumió la Universidad por periodo de un año, por orden del Ministerio de Educación. Dicho nombramiento se hizo en el marco de un proceso de vigilancia especial que se puso en marcha por presuntas irregularidades alrededor de la designación de Leyton Barrios Torres como rector para el periodo 2025-2029.
