Una alta tensión rodea la relación de los gobernadores del país con el Gobierno nacional ante las medidas tributarias adoptadas por el presidente Gustavo Petro a través del estado de emergencia declarado en el Decreto 1390 de 2025.
El gobernador Eduardo Verano no ha ocultado su preocupación e inquietud sobre los impactos que tendrá el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA sobre licores, vinos y aperitivos del 5 % al 19 %. En el último caso, se contempla una transferencia del 14 % de dicho recaudo a las arcas del Gobierno central.
En ese sentido, el mandatario puso de presente que esta medida tributaria debilitaría las finanzas del departamento, puesto que las bebidas alcohólicas tendrían un precio final más alto que incidiría de forma negativa en su consumo.
“Esto impacta negativamente el recaudo y con ello, disminuyendo la inversión en salud, educación y deportes, y por ende, los mandatarios departamentales tendríamos dificultades para la materialización de las estrategias, programas y proyectos de los planes de desarrollo que impactan en la vida de la gente de las regiones”, dijo a EL HERALDO.
Verano también indicó que esta situación es “injusta”, al tiempo que se constituye en una “intervención” a los tributos departamentales, que va en contravía con el proceso de autonomía regional que se viene liderando desde el Caribe colombiano.
“Esa reducción en el consumo afectaría tanto la dinámica económica como el crecimiento, con consecuencias directas sobre las finanzas departamentales. Todo esto es lo que queremos que se revise y se estudie con rigor. Existen estudios económicos ampliamente reconocidos, como la Curva de Laffer, que muestran que un aumento excesivo de impuestos puede generar menores recaudos y, en consecuencia, menores ingresos fiscales. Ese escenario podría afectar seriamente la sostenibilidad financiera de los departamentos”, enfatizó.
Por eso expuso que el encuentro del próximo lunes en el Ministerio de Hacienda será clave: “Nos encontramos en un momento de discusión con el Gobierno nacional, que busca quedarse con los ingresos adicionales derivados de estos impuestos, mientras que nosotros estamos invocando una posible inconstitucionalidad de la medida. Esta situación, naturalmente, deberá resolverse en el ámbito judicial, y en ese sentido adelantaremos todas las acciones que correspondan”.
Las tarifas que están vigentes
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 – 2034, el departamento tuvo un recaudo –a corte de agosto de 2024– de $184.947 millones por impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos. Mientras que por concepto de consumo de cigarrillos y tabacos elaborados se reportaron $29.305 millones.
Para la vigencia 2025, de acuerdo con el mismo documento, se proyectan $28.231 millones por concepto de impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, mientras que por el consumo de cigarrillos y tabacos elaborados se esperan $56.049 millones.
Cabe anotar que, a partir del primero de enero, se encuentran rigiendo nuevas tarifas para el impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares en el departamento, que se establecieron por medio del decreto 0448 de 2025.
En ese sentido, para licores, aperitivos y similares, por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, fue tasada en de $360.
Para vinos y aperitivos vinicos, por su parte, por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, es de $243.
Asimismo, la tarifa de participación de licores destilados se estableció en $360 por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.
