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En respaldo a la propuesta del Ministerio de Minas y Energía, que proyecta la expedición de una resolución para que los usuarios del país asuman vía tarifa la deuda de Air-e con una contribución de ocho pesos por kilovatiohora adicional en sus facturas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resaltó la importancia de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respalda la propuesta del Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno del Cambio, que con argumentos técnicos, jurídicos y financieros, expedirá una resolución que busca garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el país”, comentó.

Puso de presente que: “esta medida contempla que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá definir un mecanismo que garantice la confiabilidad del sistema ante el estrés financiero que tienen los agentes del mercado por las deudas de la empresa Air-e, intervenida por esta Superintendencia desde septiembre de 2024”.

De igual manera, Superservicios, aseguró que “la propuesta señala un mecanismo transitorio para que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaude ocho pesos por kilovatiohora y sólo impacta alrededor de un 1 % la tarifa. Los montos recolectados serán distribuidos entre los acreedores de la comercializadora Air-e”.

Explicó, además, que: “Gracias a la disminución de los componentes de la estructura tarifaria se logró la disminución de la misma en más de 25 % durante el primer año de intervención”.

Y recalcó que “Air-e intervenida informó que su tarifa permanece estable para enero de 2025 y que el valor del kilovatio hora se mantiene en $796, $80 por debajo del promedio nacional, que se situó en $876 pesos por kilovatio hora en diciembre de 2025”.

De esta manera, la entidad también fue enfática en los esfuerzos para la consecución de recursos con el fin de cubrir el déficit financiero de la empresa Air-e.

“Hubo decisiones oportunas para bajar las tarifas de energía, y una negociación eficiente en la compra de energía con los generadores para 2026, priorizando precios justos y sostenibles para los usuarios. A su vez, se han realizado esfuerzos para la consecución de recursos a través de los proyectos de Ley de Financiamiento que el Gobierno del Cambio ha impulsado y a los que el Congreso de la República no les ha dado trámite” dijo.

Por otro lado, aseguró que Gobierno Nacional ha venido adelantando mesas permanentes para buscar alternativas de solución en el corto, mediano y largo plazo para garantizar que la prestación del servicio de energía en el Caribe cumpla con los principios de las Leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos.

Adicionalmente, la Superintendencia aclaró que desde el ejecutivo se ha venido impulsando políticas públicas tales como Comunidades Energéticas y Colombia Solar, que busca democratizar el servicio de energía, empoderar a las comunidades, mejorar las condiciones de calidad, mitigar los impactos financieros de las pérdidas de energía e impulsar la transición energética principalmente en el Caribe.