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Crece el malestar en diferentes sectores de la región Caribe colombiana por la latente parálisis de las obras de la fase de preconstrucción de la APP Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, tal como lo informó EL HERALDO.

Este medio conoció que la sociedad Ecosistemas del Dique, conformada por Sacyr Concesiones, a quien fue adjudicado el proyecto en 2022, podrá operar hasta el 30 de noviembre, debido a una deuda de 508 mil millones de pesos (incluyendo intereses moratorios), correspondiente al mes de junio de 2025.

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Adicionalmente, el Gobierno nacional decidió aplazar los recursos destinados al proyecto que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y que impacta a más de 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Alcalde de Cartagena pide seriedad

Uno de los que reaccionó a este hecho fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien dijo a EL HERALDO que la capital de Bolívar y la región en general “merecen más” y pidió mayor seriedad al gobierno nacional.

“Recibimos un nuevo golpe ante el riesgo que se encuentran las obras de restauración del canal del Dique, luego de que se haya desfinanciado la fase de preconstrucción del megaproyecto. De nada valen nuestros arduos esfuerzos como administración distrital de trabajar para que Cartagena deje de darle la espalda al agua e invertir más de 150 millones de dólares en megaproyectos relacionados al agua, si el proyecto de restauración del Canal del Dique sigue en el limbo”, manifestó el mandatario.

El alcalde insistió en que de nada sirven las inversiones del Distrito en transporte acuático y renovación y transformación de la bahía si esta se va a ver afectada por los sedimentos que arrastra el canal del Dique.

“He allí la importancia del proyecto de recuperación del Canal del Dique, un brazo del río Magdalena con 115 kilómetros de extensión, que conecta con la bahía de Cartagena y proporciona el agua potable para más de 1,5 millones de personas, incluida la población de Cartagena. Ya basta con estos golpes. ¿Entonces por qué no se prioriza y se canaliza todo esfuerzo de la ANI y el Gobierno Nacional para hacerlo realidad y no, en cambio, en desmedro de su ejecución?”, agregó Turbay.

Detalles de dragado

Para entender lo que está en riesgo, esta primera fase que se podría frenar a partir del 30 de noviembre incluye dragado, labores de mantenimiento y acciones sociales y ambientales. Al año, la firma está dragando un millón de metros cúbicos, es decir, aproximadamente 90 mil metros cúbicos mensuales.

En ese sentido, además del dragado que se está haciendo actualmente en las poblaciones de Calamar y Pasacaballos, se estancarían el mantenimiento vial en Santa Lucía (Atlántico), San Estanislao y Soplaviento.

Hay que recordar que, con una inversión estimada en 3,2 billones de pesos, el megaproyecto le apuesta a generar más de 60.000 empleos entre directos e indirectos, e incluye una inversión social superior a 340.000 millones de pesos, destinada a impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades ribereñas.

Gremios hacen llamado al Gobierno

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Seccional Norte, Héctor Carbonell, le hizo un llamado “urgente” al Gobierno nacional, recordando que el aplazamiento de los recursos de las vigencias de 2025 correspondientes a la APP de Canal Dique pone en riesgo uno de los proyectos más importantes de la región Caribe.

“Es una obra que está diseñada para la recuperación ambiental y la prevención de inundaciones, así que paralizarla es muy delicado, es muy grave. En relación al contrato como tal, es importante también tener en cuenta que esta situación genera mucha incertidumbre, incertidumbre que podría acarrear consecuencias graves para el proyecto y además también consecuencias jurídicas para el Estado, porque la parálisis de este proyecto definitivamente puede terminar en un detrimento patrimonial para la Nación al verse abocados a una demanda como tal del contratista”, expresó Carbonell.

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Entretanto, el Consejo Gremial de Bolívar señaló: “Detener esta obra significaría frenar la recuperación ambiental, la prevención de inundaciones y la competitividad portuaria y turística de toda la región. Desde el Consejo Gremial de Bolívar hacemos un llamado claro y responsable al Gobierno Nacional: ¡Reactiven los recursos ya! El Caribe necesita acción, no aplazamientos. La región no puede esperar más”.